A las puertas de un nuevo ciclo lectivo, el conflicto educativo vuelve a ganar centralidad y, como cada año, la discusión salarial aparece como uno de los principales focos de tensión. En ese contexto, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de los docentes universitarios y denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, en un escenario marcado por el desfinanciamiento del sistema universitario.
Según el dirigente, la política salarial del Gobierno no solo profundizó problemas previos, sino que consolidó un retroceso histórico. “En estos dos años se perdió más del 45% del poder adquisitivo. Si uno mira los salarios en dólares, estamos en niveles similares a los de los años noventa. Es un retroceso de 30 años en materia salarial”, afirmó.
Cagnacci explicó que el deterioro no es un fenómeno aislado ni reciente. Recordó que las paritarias nacionales, que durante años funcionaron como referencia para el conjunto del sistema educativo, fueron desarticuladas, y que en 2025 directamente no hubo ninguna instancia formal de negociación. “No hubo ni siquiera una reunión paritaria por compromiso. El Gobierno decidió no sentarse a discutir salarios”, señaló.
El ajuste, remarcó, no se limita a los ingresos de los trabajadores. La negativa del Ejecutivo a impulsar la Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso consolidaron una política de ahogamiento económico hacia las casas de estudio. “No vemos una política universitaria clara. Solo vemos las consecuencias: menos recursos, salarios a la baja y un deterioro general del sistema. El Gobierno no explica cuál es el modelo que quiere”, cuestionó.
Para graficar la situación, el titular de ADUBA detalló los ingresos actuales del sector. Un docente con dedicación exclusiva, el cargo de mayor jerarquía, percibe alrededor de 1.400.000 pesos de bolsillo, sin contar antigüedad. En el otro extremo, un docente que recién se inicia cobra cerca de 240.000 pesos por 10 horas semanales, mientras que un estudiante avanzado que se incorpora a la actividad académica recibe apenas 140.000 pesos. “Con estos salarios, ¿quién va a elegir dedicarse a la docencia?”, se preguntó.
Las consecuencias ya son visibles. Cagnacci advirtió que se produjo un éxodo significativo de docentes e investigadores hacia otros ámbitos laborales. “Se estima que se perdieron unos 10.000 cargos, ya sea por renuncias directas o por reducción de horas cátedra. Muchos profesionales optan por trabajar en el sector privado porque allí pueden cubrir sus necesidades básicas”, explicó.
Ese vaciamiento, sostuvo, no se reemplaza fácilmente. “La docencia universitaria no es solo conocimiento profesional, también es experiencia pedagógica construida durante años. Cuando ese recurso humano se va, no se resiente solo la calidad, sino el tipo de formación que reciben los estudiantes”, advirtió. Como ejemplo, mencionó la situación de los hospitales universitarios, donde la falta de cobertura de horas docentes ya empieza a impactar en la formación práctica y podría agravarse en el futuro.
Consultado sobre la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno, Cagnacci aclaró que el régimen docente tiene particularidades que lo mantienen, por ahora, parcialmente al margen. Sin embargo, cuestionó el enfoque general de la iniciativa. “Es una reforma que nace mal, porque no fue discutida ni con los trabajadores ni con los empleadores. Está pensada desde una lógica clasista y orientada a recortar derechos históricos, no a modernizar las relaciones laborales”, concluyó.
En la antesala del inicio de clases, el panorama que describe el sindicalismo universitario anticipa un año de alta conflictividad, con salarios deteriorados, falta de negociación y un sistema educativo que enfrenta, una vez más, un escenario de incertidumbre.
