El conflicto entre el sindicalismo y el denominado movimiento empresarial antibloqueos sumó un nuevo capítulo judicial en la provincia de Buenos Aires. La fiscalía pidió 10 años de prisión para Maximiliano Cabaleyro, dirigente de Camioneros y referente de la seccional San Nicolás, por hechos vinculados a protestas realizadas frente a la empresa Rey Distribución, en San Pedro.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Nicolás y el veredicto está previsto para el próximo miércoles. Cabaleyro enfrenta acusaciones por turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, a raíz de hechos que la acusación ubica entre 2017 y 2021.

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio consideraron acreditado que el dirigente habría ejercido intimidaciones contra los propietarios de la distribuidora, Ariel y Gustavo Rey, en el marco de distintos conflictos laborales.

Además de la pena de prisión, la fiscalía solicitó que se revoque el régimen de prisión domiciliaria que actualmente cumple Cabaleyro y que se le imponga una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El conflicto con la distribuidora

Uno de los principales episodios analizados durante el proceso fueron dos protestas realizadas en 2021 frente a Rey Distribución SRL.

La primera tuvo lugar el 15 de enero y la segunda se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. Los empresarios denunciaron que las medidas formaban parte de una serie de acciones extorsivas que, según su versión, se remontaban a 2017.

Cabaleyro fue detenido en abril de 2022 junto con Fernando Espíndola, otro integrante de Camioneros. Este último no comparte el juicio actual debido a que accedió a un proceso abreviado.

La acusación sostiene que los bloqueos no pueden ser considerados una expresión legítima del derecho de huelga y que tuvieron como objetivo ejercer presión sobre los empresarios.

La defensa denunció una causa armada

Los abogados de Cabaleyro rechazaron de manera contundente la acusación y solicitaron la absolución del dirigente.

Durante los alegatos, el abogado Mauricio Gugger sostuvo que la causa se construyó sobre una acusación que, a su entender, no logró precisar las circunstancias concretas de las supuestas amenazas. También cuestionó las contradicciones existentes entre distintos testimonios incorporados al expediente.

Para la defensa, la presencia de los trabajadores y dirigentes en el acceso de la empresa constituyó una modalidad de protesta sindical y no una maniobra destinada a extorsionar a los propietarios.

Gugger sostuvo además que Cabaleyro no impidió que los empresarios ingresaran o salieran del establecimiento ni que desarrollaran su actividad comercial.

El reclamo laboral detrás de la protesta

La defensa también intentó poner el foco en el origen del conflicto. Según explicó la abogada Analía González, durante el juicio se analizó un audio de aproximadamente una hora y media en el que, según su interpretación, no aparece Cabaleyro reclamando dinero para levantar la protesta.

La representación legal afirmó que el planteo del dirigente estaba relacionado con la reincorporación de un trabajador despedido y el reconocimiento del pago correspondiente a horas nocturnas.

También fue discutido un pago de $500.000 que la acusación presentó como parte de la maniobra extorsiva. La defensa sostuvo que se trataba de una suma vinculada con una deuda de aportes y gastos derivados del conflicto sindical.

También están acusados trabajadores de la empresa

El proceso no alcanza solamente a Cabaleyro. Junto al dirigente son juzgados seis exempleados de Rey Distribución SRL, acusados por turbación de la propiedad.

Para ellos, la fiscalía solicitó penas de ejecución condicional. Los trabajadores llegaron al debate en libertad, mientras que Cabaleyro y Espíndola permanecen bajo prisión domiciliaria después de haber pasado previamente un período en prisión.

El caso quedó así convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años alrededor de los llamados “bloqueos sindicales” y vuelve a poner en discusión los límites entre el derecho de protesta, la acción gremial y la utilización del derecho penal.

La próxima semana, el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Nicolás deberá definir si hace lugar a la acusación fiscal o a los planteos de la defensa. El fallo será seguido con atención por el movimiento sindical y por las organizaciones empresariales que impulsan una mayor intervención judicial frente a las protestas en los lugares de trabajo.