Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) se movilizaron este miércoles hacia los Tribunales del centro porteño junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y distintas organizaciones sociales, políticas, territoriales y de derechos humanos.

La protesta tuvo como eje el rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

La decisión del máximo tribunal dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una normativa que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Durante la movilización, el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó duramente el pronunciamiento de la Corte y destacó la participación de trabajadores, organizaciones sociales, mujeres y excombatientes de Malvinas.

Godoy sostuvo que la movilización expresa el rechazo de distintos sectores al fallo judicial y planteó que la protesta continuará durante las próximas semanas.

“Este pueblo no va a permitir que conviertan a nuestro país en una colonia”, afirmó el dirigente sindical, quien además anunció una próxima movilización al Congreso.

Según explicó, el objetivo será reclamar que la Cámara de Diputados avance con una declaración de nulidad del DNU 70/23, al que las organizaciones convocantes consideran contrario a la Constitución y a la soberanía nacional.

El reclamo del CECIM La Plata

Uno de los protagonistas de la jornada fue el CECIM La Plata, organización que había promovido la acción judicial contra la derogación de la Ley de Tierras.

Antonio Marcilese, integrante del CECIM La Plata y director de Políticas Soberanas de la CTA, destacó la participación en la movilización y cuestionó el argumento utilizado por la Corte Suprema respecto de la legitimación de la organización de excombatientes para intervenir judicialmente.

Marcilese recordó que los excombatientes habían conseguido una medida cautelar en la Justicia Federal de La Plata y sostuvo que la resolución del máximo tribunal dejó sin efecto esa protección.

“Les decimos que acá en la calle tienen al pueblo argentino”, expresó durante la movilización.

Para el dirigente, la disputa excede el ámbito estrictamente judicial y se relaciona con la discusión sobre el acceso y control de las tierras y los recursos estratégicos del país.

Críticas al fallo de la Corte

El secretario general adjunto de la CTA, Pablo Spataro, también cuestionó la resolución del máximo tribunal y destacó la presencia de organizaciones sindicales y sociales frente a Tribunales.

El dirigente sostuvo que la movilización busca expresar el rechazo tanto al fallo como a los argumentos utilizados para considerar que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para llevar adelante la demanda.

Spataro planteó además que las organizaciones continuarán con las acciones callejeras y vinculó el reclamo por las tierras con otras demandas sociales, entre ellas la defensa de la educación pública.

La disputa por la Ley de Tierras

El conflicto se originó con el DNU 70/2023, que modificó distintas regulaciones y dejó sin efecto, entre otras normas, las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales.

La legislación había fijado límites para la titularidad extranjera de determinadas tierras rurales, por lo que su derogación generó cuestionamientos de organizaciones sociales, sindicales, políticas y vinculadas con la defensa de la soberanía.

La resolución de la Corte Suprema reabrió el debate político y judicial sobre el alcance de esas restricciones y sobre el rol de las organizaciones sociales y de excombatientes para cuestionar judicialmente las modificaciones introducidas por el decreto.

Desde las CTA anticiparon que la movilización continuará y que el próximo objetivo será trasladar el reclamo al Congreso de la Nación, donde buscarán que el debate sobre el DNU 70/23 vuelva a ocupar un lugar central.

La protesta frente a Tribunales dejó así planteada una disputa que combina derechos laborales, soberanía territorial, legislación sobre tierras y el alcance del control judicial sobre los decretos del Poder Ejecutivo.