La industria manufacturera argentina atraviesa un escenario de fuerte deterioro que vuelve a poner en primer plano el impacto de la política económica sobre el empleo y la producción. Un informe privado elaborado por Industria y Desarrollo (I+D) estima que durante 2026 podrían desaparecer más de 3.000 empresas fabriles y perderse alrededor de 105.000 puestos de trabajo.

El estudio, dirigido por el economista Diego Coatz, tomó como referencia información oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Los datos muestran que la contracción del entramado industrial no es un fenómeno reciente: entre diciembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de operar 3.759 empresas manufactureras.

Solo durante los primeros cuatro meses de este año se registró el cierre de 1.070 establecimientos industriales, una dinámica que, de mantenerse, podría llevar la destrucción de empresas a niveles todavía mayores antes de finalizar 2026.

Cerca de 90.000 empleos directos perdidos

El impacto sobre el mercado laboral industrial ya es significativo.

De acuerdo con el relevamiento, desde diciembre de 2023 se habrían perdido aproximadamente 90.000 puestos de trabajo directos en el sector manufacturero, mientras que el efecto sobre actividades vinculadas a la industria habría generado otros 60.000 empleos indirectos afectados.

La consultora proyecta que el deterioro podría traducirse en una pérdida adicional de alrededor de 105.000 empleos durante 2026, si continúa el ritmo actual de cierre de empresas.

El panorama se completa con un elevado nivel de capacidad instalada sin utilizar. La ociosidad industrial ronda el 40%, lo que significa que numerosas plantas operan muy por debajo de su potencial y, en algunos casos, producen apenas lo necesario para afrontar sus costos fijos.

El «efecto sándwich» que golpea a las fábricas

El diagnóstico de I+D identifica una combinación de factores que presiona simultáneamente sobre las empresas.

Por un lado, la debilidad del consumo interno limita las ventas. Por otro, el incremento de los costos medidos en dólares y la mayor competencia de productos importados reducen los márgenes de las compañías locales.

A esta situación se agregan los aumentos en los costos energéticos. Según el informe, la electricidad para grandes usuarios acumuló un incremento del 79%, mientras que el gas registró subas de entre 30% y 50%.

La combinación genera un escenario particularmente complejo: empresas que venden menos, enfrentan mayores costos y tienen dificultades para competir con productos provenientes del exterior.

El resultado, según el análisis, es una presión creciente sobre la rentabilidad que deja a muchas industrias funcionando prácticamente al límite de sus posibilidades.

El primer semestre terminó en rojo

La evolución de la producción tampoco permite observar una recuperación consolidada.

Hasta mayo, la actividad industrial acumulaba una caída del 3,1%. En junio se registró una mejora interanual del 2%, de acuerdo con los datos oficiales, impulsada principalmente por algunos sectores como alimentos y productos químicos.

Sin embargo, esa recuperación puntual no alcanzó para revertir el balance acumulado. El primer semestre cerró con una contracción del 2,2%.

Además, el comportamiento es muy desigual entre ramas industriales. Sectores como maquinaria y equipos, textiles y automotriz continúan mostrando retrocesos importantes, con efectos directos sobre las cadenas de proveedores y el empleo.

Cruce entre Caputo y los industriales

El escenario económico también abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las entidades empresarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia de apertura comercial y cuestionó duramente a quienes advierten sobre una crisis industrial. El funcionario sostuvo que la industria había retrocedido alrededor de un 10% entre 2011 y 2023, pese a las políticas de subsidios aplicadas durante ese período.

Sus declaraciones generaron una respuesta inmediata de los representantes industriales.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, consideró que ese tipo de expresiones no contribuyen al diálogo y reclamó discutir las condiciones necesarias para que las empresas argentinas puedan competir.

Desde la UIA plantean que el problema no pasa por reclamar protección indiscriminada, sino por corregir los factores que encarecen la producción nacional.

Entre ellos enumeraron la presión tributaria, los costos laborales, la infraestructura, las dificultades para acceder al financiamiento, la competencia desleal y la caída del consumo interno.

«No defendemos privilegios, queremos tener las mismas condiciones para competir», fue el planteo de Rappallini.

Las provincias también reclaman

La discusión trascendió el ámbito de las entidades nacionales. La Federación de Industriales de Santa Fe también cuestionó los agravios contra el sector y reclamó una política económica que contemple la situación de las empresas manufactureras.

El planteo de los industriales apunta a una cuestión central: la apertura comercial puede incrementar la competencia y reducir precios, pero las empresas locales sostienen que necesitan condiciones equivalentes para poder enfrentar esa competencia.

En ese punto aparece uno de los principales dilemas del modelo económico: cómo combinar apertura comercial, estabilidad de precios y competencia con la supervivencia del entramado productivo nacional.

Una industria que pierde empresas y trabajadores

Los números proyectados por I+D configuran un escenario de fuerte preocupación. Si la tendencia se mantiene, Argentina podría terminar 2026 con miles de empresas industriales menos y más de 100.000 trabajadores afectados.

La pérdida no se limita a los puestos directos. Cada cierre fabril impacta sobre proveedores, transportistas, comercios, servicios profesionales y economías regionales que dependen de la actividad industrial.

Mientras el Gobierno sostiene que la apertura y la competencia son necesarias para transformar la estructura productiva, las cámaras industriales advierten que la velocidad del proceso puede dejar fuera del mercado a empresas que no cuentan con herramientas para competir en igualdad de condiciones.

El debate, por lo tanto, ya no se limita a discutir cuánto produce la industria. El interrogante central pasa por cuántas fábricas podrán sobrevivir, cuántos trabajadores conservarán sus empleos y qué estructura productiva tendrá la Argentina al final del proceso de apertura económica.