El debate por el Presupuesto 2027 sumó un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria. El bloque de La Libertad Avanza rechazó la propuesta de incorporar a representantes del sistema universitario a la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, una decisión que despertó críticas de los gremios docentes y NODOCENTES.

El pedido había sido impulsado por diputados de Unión por la Patria, quienes solicitaron al presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, que convocara a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de los sindicatos docentes y NODOCENTES y del movimiento estudiantil para exponer sobre la situación que atraviesan las universidades públicas.

La negativa del oficialismo fue repudiada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que cuestionó que se discutan los recursos del sistema universitario sin escuchar a quienes sostienen su funcionamiento cotidiano.

“Es una vergüenza que se discuta el presupuesto de las universidades y no se quiera escuchar a quienes las sostienen todos los días”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de la federación. El dirigente también ratificó que continuarán reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La disputa por los fondos para 2027

Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre los recursos previstos en el proyecto oficial y los que reclama el sistema universitario para garantizar su funcionamiento.

Según las cifras difundidas por el sector, el proyecto del Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales durante 2027. En cambio, el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó $11 billones para cubrir las necesidades del sistema y cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa de financiamiento universitario.

La brecha asciende a $3,7 billones. De acuerdo con esos valores, la partida proyectada por el Gobierno se ubica aproximadamente un 34% por debajo de lo solicitado por las universidades.

Para las organizaciones del sector, la discusión presupuestaria resulta determinante para sostener las actividades académicas, garantizar el funcionamiento de las instituciones y evitar un mayor deterioro de las condiciones laborales.

Los salarios, otro frente de conflicto

La preocupación también alcanza a los ingresos de docentes y NODOCENTES. De acuerdo con el último informe citado por la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales acumulan una pérdida del 24,3% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

El relevamiento sostiene que sería necesario un incremento del 32% para recuperar el nivel salarial real de aquel momento.

En este escenario, los gremios advierten que la insuficiencia de recursos y el deterioro de los ingresos afectan tanto a los trabajadores como a las posibilidades de funcionamiento de las instituciones públicas.

Los gremios exigen el cumplimiento de la ley

La FEDUN ratificó que continuará reclamando la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y una partida presupuestaria que contemple las necesidades de las universidades nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores.

La exclusión de representantes de la comunidad académica del debate parlamentario profundizó el malestar sindical y volvió a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la educación superior pública.

Con el Presupuesto 2027 en tratamiento, las organizaciones universitarias buscan que sus demandas sean incorporadas a la discusión legislativa, mientras crece la tensión con el Gobierno por el alcance de los recursos que se destinarán al sistema el próximo año.