La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció una “sospechosa mudanza” de la Secretaría de Trabajo y acusó al Gobierno nacional de profundizar el vaciamiento del área para favorecer a las empresas, debilitando los mecanismos de control laboral.

Según el sindicato, las autoridades iniciaron el traslado del mobiliario y archivos de la sede ubicada en Av. Callao 114/124 hacia el edificio central de Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión, calificada como intempestiva e improvisada, generó preocupación entre los trabajadores y llevó a ATE a declarar “alerta máxima” en el organismo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida:

“Primero degradaron el Ministerio de Trabajo a Secretaría y ahora buscan continuar con su debilitamiento. Se trata de una estrategia para garantizar la impunidad empresarial a la hora de incumplir las leyes laborales y vulnerar los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Aguiar también advirtió sobre la posibilidad de que el histórico edificio de Callao sea puesto en venta:

“Con una Casa Rosada que funciona casi como inmobiliaria, no podemos descartar que intenten una subasta millonaria. No vamos a permitir que se remate el patrimonio estatal ni que se pongan en riesgo los puestos de trabajo”.

Desde la Junta Interna de ATE señalaron, además, que el operativo de mudanza no respetó protocolos básicos de organización y seguridad, lo que obligó a los empleados de la Coordinación de Infraestructura a redoblar esfuerzos y, en algunos casos, a trasladar por sus propios medios elementos de trabajo.

El gremio también expresó inquietud por el destino de la Biblioteca Bialet Massé, ubicada en el segundo piso del edificio de Callao y considerada de gran valor histórico y documental. Según trascendió, sus ejemplares serían derivados a la Biblioteca Nacional.

ATE recordó que al inicio de la gestión de Javier Milei la Secretaría de Trabajo funcionaba en tres sedes, mientras que con esta mudanza quedará reducida a una sola, lo que —según el sindicato— refleja un “continuo achique” de una cartera clave para fiscalizar las relaciones laborales y garantizar derechos básicos de los trabajadores.