Un informe revela que 3,4 millones de trabajadores de la economía popular ganan menos de $960.000 y viven en condiciones de alta precariedad
Actualidad Lunes 17 de Noviembre de 2025
Un estudio del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), advirtió que la economía popular atraviesa un deterioro acelerado: el 90% de quienes integran ese sector percibe ingresos inferiores a tres salarios mínimos y enfrenta condiciones laborales marcadas por la informalidad y la ausencia de derechos básicos.
Cuatro de cada diez argentinos trabajan fuera del mercado formal
Según el informe, cuatro de cada diez personas activas en el país se desempeñan en actividades informales o autogestionadas, desde pequeños oficios y emprendimientos de subsistencia hasta tareas domésticas, producción de alimentos o venta ambulante.
Se trata de actividades de baja escala, sin estabilidad y sin cobertura de seguridad social, que muchas veces se sostienen a través de redes comunitarias y la economía social y solidaria.
3,4 millones de personas en situación de precariedad extrema
El estudio alerta que 3,4 millones de trabajadores del sector informal ganan menos de $960.000 mensuales, un ingreso que no alcanza a cubrir el costo de vida básico.
En el último año, la población con ingresos bajos dentro de la economía popular creció un 55,3%, impulsada por el aumento del cuentapropismo precario, el trabajo familiar no remunerado y el empleo doméstico sin derechos laborales.
Para los especialistas, esta tendencia consolida un fenómeno extendido: el autoempleo forzado, convertido en la única vía de supervivencia para sectores que quedan excluidos de un mercado laboral formal cada vez más reducido.
Un contexto de reformas que profundizan la desprotección
El informe también cuestiona el rumbo del Gobierno nacional, que impulsa una reforma laboral bajo la consigna de “modernización”. En los hechos —señala el documento— las modificaciones implementadas hasta ahora legalizan formas precarias de contratación, debilitan el sistema previsional y erosionan la capacidad adquisitiva de los salarios.
Para el CITRA, estas políticas se traducen en un deterioro aún mayor de los sectores más vulnerables, que ya transitan niveles críticos de informalidad y carecen de marcos de protección.













