La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió una fuerte denuncia contra el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, por supuestas presiones y amenazas dirigidas hacia la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade. Según el gremio, estas maniobras buscan condicionar sus decisiones judiciales para que se alineen con los intereses políticos del oficialismo, lo que podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.

En su pronunciamiento, la AJB destacó que la jueza Andrade ha actuado con estricta adherencia a la ley y ha defendido derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, el gremio asegura que el Gobierno Nacional estaría implementando tácticas coercitivas para presionarla a modificar sus fallos en contra de los derechos de los ciudadanos.

La denuncia se contextualiza en un momento de creciente preocupación por el deterioro institucional en el país, donde el gremio judicial alertó sobre abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales. Como ejemplo de estas preocupaciones, la AJB mencionó la represión sufrida el pasado miércoles durante una movilización en apoyo a los jubilados, que resultó en más de 130 detenciones, más de 650 heridos y numerosas denuncias de abuso policial.

La AJB advirtió que las presiones políticas sobre el sistema judicial constituyen una grave amenaza al Estado de Derecho y al sistema democrático. En su comunicado, señalaron que «la independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales», reafirmando su compromiso con la defensa de un Poder Judicial autónomo, libre de injerencias políticas.

Finalmente, el gremio judicial hizo un llamado urgente a cesar las presiones sobre la jueza Andrade y a respetar las garantías constitucionales, subrayando la necesidad de un sistema judicial que funcione de manera independiente y que actúe en defensa de los derechos de los ciudadanos, sin presiones externas.