El conflicto entre afiliados y la obra social bonaerense IOMA sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto institucional. El estudio jurídico Annuasi Castañón Hurtado (ACH) denunció públicamente el incumplimiento de una orden judicial firme y decidió avanzar directamente contra el presidente del organismo, Homero Giles, a quien responsabilizan por una gestión que califican de “grave, dilapidaria y perjudicial para los afiliados”.

En abril de 2025, el estudio logró una sentencia favorable en un recurso de amparo contra IOMA, con el objetivo de garantizar prestaciones de salud que habían sido negadas o demoradas de manera sistemática. Sin embargo, según denunciaron los abogados, la conducción de la obra social continúa eludiendo la manda judicial, profundizando una situación que consideran ilegal y de extrema gravedad.

Axel Hurtado y Santiago Annuasi Castañón, titulares del estudio, señalaron que la falta de cumplimiento ya no puede interpretarse como una mera desorganización administrativa. “Estamos frente a un mal desempeño funcional que afecta derechos constitucionales básicos, como el acceso a la salud”, sostuvieron.

En declaraciones públicas, desde ACH fueron categóricos:

“El servicio de salud y la cobertura médica no pueden convertirse en un negocio. Mucho menos cuando se trata de empleados públicos que no tienen otra alternativa y terminan siendo rehenes de IOMA. A esto se suma el maltrato por parte de algunos empleados hacia afiliados que cumplen regularmente con el pago de su cuota”.

La situación genera creciente preocupación entre afiliados y prestadores, quienes advierten sobre atrasos, recortes y obstáculos burocráticos que impactan directamente en tratamientos, estudios y prácticas médicas esenciales.

Respaldados en normativa constitucional y jurisprudencia vigente, los abogados anticiparon que avanzarán judicialmente contra el patrimonio personal del presidente de IOMA y de los funcionarios responsables de cada área que incumpla la orden judicial. La estrategia apunta a establecer responsabilidades individuales frente a lo que consideran una conducta reiterada y consciente.

El escenario abre un interrogante de fondo:
¿La Justicia hará valer los derechos de los afiliados o volverá a blindar a las autoridades de IOMA frente a denuncias que ya no pueden ser ignoradas?