Mientras el Gobierno intenta sostener el relato de recuperación económica, nuevos datos encienden señales de alerta sobre la situación real de amplios sectores. Un informe de la consultora 1816 reveló que la morosidad en créditos de familias alcanzó el 11,2% y acumula 16 meses consecutivos de suba, muy por encima del 2,9% registrado en el segmento empresarial.

El dato refleja una paradoja que comienza a instalarse en el debate público: indicadores macroeconómicos que muestran mejora —como el PBI y el consumo— conviven con crecientes dificultades en los hogares para sostener sus compromisos financieros. “Hay una economía que crece, pero con problemas para derramar en amplios sectores”, advierte el informe.

Desde el entorno de Javier Milei reconocen el aumento de la mora, aunque relativizan su responsabilidad. En la Casa Rosada apuntan contra el sistema financiero: “Los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado y ahora están prestando mal”, sostienen fuentes oficiales.

En esa línea, el propio Presidente respaldó públicamente una postura del economista Salvador Di Stefano, quien cuestionó la expansión del crédito hacia familias en lugar de empresas: “Si las empresas son más fiables, ¿por qué no prestarles a ellas primero?”, fue el planteo que Milei convalidó en privado y replicó en redes.

El mandatario también buscó transmitir calma frente a las críticas. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. El rumbo es el correcto”, afirmó, al tiempo que pidió paciencia y advirtió que modificar la política económica implicaría “dinamitar lo logrado”.

Internas, presión política y clima de incertidumbre

Más allá de los indicadores económicos, el oficialismo enfrenta un frente interno cada vez más complejo. En el centro de la escena se encuentra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, cuya continuidad fue cuestionada en las últimas semanas pero que sigue contando con el respaldo del Presidente y de Karina Milei.

El cargo es visto dentro del propio oficialismo como una “picadora de carne”, en medio de tensiones políticas, causas judiciales y disputas de poder. Incluso, algunos funcionarios rechazan la posibilidad de asumir ese rol por el alto nivel de exposición y desgaste.

En paralelo, surgen versiones sobre nuevos armados políticos de cara a 2027, con nombres como Jorge Brito, Carlos Melconian y Dante Gebel orbitando en distintos espacios. Estos movimientos son seguidos con desconfianza por el núcleo duro libertario.

La variable judicial y una “prueba de fuego”

El frente judicial también suma presión. En despachos oficiales observan con atención el avance de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, con intervención de figuras como Ariel Lijo y Gerardo Pollicita.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca incidir en el mapa judicial a través del Consejo de la Magistratura, donde hay 14 vacantes clave en juego, y sigue de cerca los movimientos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con figuras como Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Dentro del oficialismo reconocen que los próximos meses serán determinantes. “Es una prueba de fuego”, aseguran cerca del Presidente, con la mirada puesta en lograr una reactivación que permita mejorar las expectativas sociales antes del calendario electoral.

Sin embargo, el desafío no es solo económico. La combinación de aumento de la mora, tensiones internas, presión judicial y caída en los niveles de aprobación configura un escenario incierto para el Gobierno, que deberá demostrar en el corto plazo si logra estabilizar su frente político y sostener su programa económico.