La crisis política que atraviesa el oficialismo suma un ??? capítulo en el área de Salud. El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Adrián Stivelman, quedó en el centro de la polémica tras revelarse su participación en al menos dos sociedades offshore radicadas en Panamá, un país señalado históricamente por sus ventajas fiscales para la radicación de capitales.

Según surge de registros societarios, Stivelman figura como Director y Tesorero en Emprendimientos Río de La Plata S.A., una firma constituida el 11 de diciembre de 2017. La fecha coincide con su desempeño como gerente de Prestaciones de la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles, donde tenía bajo su órbita áreas sensibles como auditoría médica, contrataciones y liquidaciones.

Además, el funcionario aparece como Tesorero de Vinculomedico Inc., otra sociedad panameña creada el 24 de septiembre de 2002. En esa compañía comparte estructura con el médico Edgardo Néstor Vázquez, lo que refuerza la presunción de que la actividad estaría vinculada al negocio de la salud.

Panamá se convirtió en un destino recurrente para la constitución de este tipo de sociedades a partir de su sistema fiscal territorial, que exime del pago de impuestos a los ingresos generados fuera de sus fronteras. Esta característica lo posicionó como un enclave estratégico para la canalización de fondos internacionales y quedó bajo fuerte escrutinio global tras el escándalo de los Panama Papers.

El perfil profesional de Stivelman da cuenta de una extensa trayectoria en el sector: desde 1986 se desempeña en consultoría en gestión de servicios de salud, un ámbito que —según fuentes del sector— mueve importantes volúmenes de recursos y contratos.

El caso se conoce en un contexto ya delicado para el organismo. En los últimos días, la Superintendencia había quedado bajo la lupa por el escándalo de los denominados “créditos VIP” del Banco Nación, que involucró a varios funcionarios del área. Entre ellos, el hijo del superintendente, Sergio Stivelman García, quien accedió a un préstamo que, a enero de 2026, superaba los 354 millones de pesos.

La superposición de ambos episodios vuelve a tensionar la situación política en el área sanitaria y abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés, manejo de fondos y transparencia en la función pública. Por el momento, no hubo una respuesta oficial por parte del funcionario involucrado.