Este viernes finaliza la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto que mantienen el Gobierno, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que representa a los controladores aéreos. Sin avances concretos en la discusión salarial, vuelve a instalarse el riesgo de medidas de fuerza que podrían afectar la operación aérea en uno de los momentos de mayor movimiento del año.

La tregua administrativa, que rige desde el 23 de diciembre, permitió suspender el plan de lucha anunciado por el sindicato, pero no logró destrabar el eje central del conflicto: la recomposición de los salarios. Frente a ese escenario, EANA confirmó que este viernes se desarrollará una nueva audiencia de negociación y no descartó solicitar una prórroga de la conciliación por cinco días hábiles más, una posibilidad contemplada en la normativa laboral vigente.

Desde la empresa estatal aseguraron que continúan trabajando para alcanzar un acuerdo que garantice la normalidad de los vuelos. No obstante, en un comunicado oficial cuestionaron con dureza la actitud del gremio, al que acusaron de sostener una “postura intransigente” y de impulsar acciones que, según señalaron, no buscan mejorar las condiciones laborales sino generar un perjuicio al sistema aerocomercial.

El conflicto con los controladores aéreos arrastra una larga escalada durante 2025. En julio, una conciliación obligatoria evitó un paro que amenazaba las vacaciones de invierno, mientras que en agosto se concretaron tres jornadas de huelga a nivel nacional. Tras un acuerdo transitorio que contempló una mejora salarial del 15% en cuatro tramos, la tensión volvió a crecer en noviembre, con nueve días de protestas que afectaron vuelos de carga y tareas clave como capacitaciones y mantenimiento.

En diciembre, las medidas de fuerza se extendieron a los vuelos de pasajeros durante dos jornadas, lo que derivó en la conciliación obligatoria actualmente vigente. En paralelo, el conflicto sumó un capítulo judicial: la Justicia Federal investiga la presunta existencia de un acta paritaria de fines de 2023, que habría fijado aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de EANA, además de denuncias vinculadas a posibles fallas en la seguridad operacional.

Con el vencimiento del plazo, el Gobierno enfrenta una definición compleja. Mientras sostiene una política de ajuste y control del gasto, la continuidad del transporte aéreo depende de trabajadores altamente especializados y difíciles de reemplazar. La audiencia prevista para este viernes aparece así como una instancia clave para evitar un nuevo conflicto que impacte de lleno en la temporada alta de verano.