La disputa salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y las fuerzas de seguridad sumó un nuevo capítulo de tensión tras el fracaso de una nueva reunión del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad. El encuentro, el octavo desde el inicio del conflicto, concluyó sin avances y dejó al descubierto la creciente distancia entre la oferta oficial y las demandas de los efectivos.

La negociación, que ya supera el mes de duración, ingresó en una etapa crítica. Lejos de acercar posiciones, la última mesa de diálogo terminó con un rechazo unánime de los representantes policiales y derivó en una intensificación de las protestas en distintos puntos de Río Gallegos.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó dos alternativas de recomposición salarial basadas en la actualización del denominado “valor punto”, mecanismo que determina los haberes del personal según jerarquía y antigüedad.

La primera propuesta contemplaba una actualización para julio con incrementos escalonados hasta diciembre y una instancia de revisión prevista para octubre. De acuerdo con los cálculos oficiales, un agente recién incorporado pasaría a percibir más de 1,7 millones de pesos mensuales hacia el segundo semestre del año, mientras que un cabo superaría los 1,77 millones.

La segunda alternativa incluía una actualización retroactiva a junio, aunque con montos inferiores a la primera oferta. En este esquema, los salarios iniciales también superarían los 1,6 millones de pesos, con incrementos progresivos hasta fin de año.

Sin embargo, ambas propuestas fueron consideradas insuficientes por los representantes de las fuerzas de seguridad. Los voceros del sector insistieron en que el salario de ingreso debe ubicarse en torno a los 2,2 millones de pesos y reclamaron una actualización mucho más significativa del valor punto para recomponer las diferencias salariales entre las distintas jerarquías.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que las ofertas presentadas permiten que los salarios iniciales se ubiquen por encima del valor de la Canasta Básica Total, argumento que no logró modificar la postura de los uniformados.

Tras el fracaso de la negociación, las medidas de protesta se profundizaron en la capital santacruceña. Efectivos y familiares instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, realizaron cortes de tránsito en zonas estratégicas y mantuvieron concentraciones en inmediaciones de la Jefatura de Policía. También se desplegaron manifestaciones cerca de la residencia oficial del gobernador Claudio Vidal.

El conflicto se transformó en uno de los principales desafíos políticos para la administración provincial. La falta de acuerdo mantiene un clima de creciente tensión social y obliga al Ejecutivo a buscar una salida que permita contener los reclamos sin comprometer aún más las cuentas públicas de la provincia.

Mientras no aparezcan señales de acercamiento entre las partes, el escenario continúa abierto y la posibilidad de una escalada mayor en las protestas se mantiene latente, en un contexto donde la discusión salarial se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda santacruceña.