El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) cuestionó el avance de una nueva etapa del plan de concesiones de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que el esquema profundiza el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, pone en riesgo puestos de trabajo y compromete la seguridad vial en todo el país.

A través de un comunicado, la organización sindical encabezada por Graciela Aleñá expresó su rechazo a la apertura de las ofertas económicas para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores nacionales, al considerar que el modelo propuesto privilegia la recaudación mediante peajes por encima de las inversiones necesarias para modernizar y mantener la infraestructura vial.

Críticas al modelo de concesiones

Desde el gremio sostuvieron que el Ejecutivo continúa avanzando con la privatización de corredores mientras mantiene paralizada la obra pública y reduce los recursos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

En ese marco, recordaron que el Congreso rechazó el decreto que impulsaba la disolución del organismo, aunque denunciaron que el Gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que limita su capacidad operativa.

Aleñá aseguró que la actual gestión "abandona las rutas, debilita a Vialidad Nacional y transfiere funciones al sector privado sin un plan integral de infraestructura", al tiempo que cuestionó la ausencia de proyectos destinados a mejorar la conectividad y la seguridad de la red vial.

"Se cobra más, pero se invierte menos"

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al alcance de las futuras concesiones.

Según STVyARA, la mayor parte de los corredores incluidos en la licitación contempla únicamente tareas de mantenimiento, como bacheo, corte de pasto y señalización, sin incorporar obras de ampliación o mejoras estructurales que permitan aumentar la capacidad y seguridad de las rutas.

Como ejemplo, la organización mencionó el incremento previsto en la tarifa del peaje del Puente Rosario-Victoria, que pasará de $1.000 a más de $10.100, y sostuvo que los usuarios terminarán afrontando un doble costo al pagar tanto el impuesto a los combustibles como los peajes para financiar servicios básicos de conservación.

Reclamo por el financiamiento de Vialidad Nacional

El sindicato atribuyó el deterioro de la infraestructura vial a la falta de inversión pública y denunció que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles no están siendo destinados al mantenimiento de las rutas nacionales, pese a que históricamente ese fue uno de sus objetivos.

Además, cuestionó la decisión del Gobierno de transferir parte de la responsabilidad sobre las rutas nacionales a las provincias sin garantizar el envío de los fondos necesarios para afrontar esas tareas.

Para STVyARA, esa estrategia implica trasladar obligaciones a las administraciones provinciales mientras el Estado nacional reduce su participación en la conservación de la red vial.

Defensa del organismo y de los trabajadores

Finalmente, Graciela Aleñá reivindicó el trabajo del personal de Vialidad Nacional y aseguró que los trabajadores continúan sosteniendo el funcionamiento del organismo a pesar de las restricciones presupuestarias.

La dirigente reafirmó el rechazo del sindicato al proceso de privatización y advirtió que continuará reclamando políticas públicas que fortalezcan la infraestructura vial, preserven el empleo y garanticen condiciones seguras para quienes transitan diariamente por las rutas argentinas.