El futuro de Algodonera Avellaneda entra en una instancia decisiva. Este miércoles al mediodía vence el plazo de preinscripción para quienes estén interesados en adquirir los activos de la empresa textil perteneciente a la familia Vicentin, cuya quiebra fue declarada por la Justicia de Reconquista el pasado 14 de octubre. En paralelo, unos 350 trabajadores permanecen a la espera de una resolución que les permita conocer qué sucederá con sus puestos de trabajo y con las deudas laborales acumuladas.

Hasta el momento, cinco empresas manifestaron interés en participar del proceso: Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti Satic, Enod S.A. y Bolton S.A. La preinscripción no representa un compromiso de compra, sino que habilita a los interesados a visitar las instalaciones, acceder a información económica, financiera y laboral de la compañía y, posteriormente, presentar una propuesta formal.

La situación de los trabajadores es uno de los puntos más preocupantes del expediente. De los 350 empleados que llegó a tener la firma, alrededor de 100 quedaron desvinculados sin percibir las indemnizaciones correspondientes. Otros 200 continúan vinculados a distintas modalidades de producción por encargo para terceros, aunque la actividad se redujo considerablemente: desde abril, apenas unos 75 operarios trabajan en las secciones Open End y convencional.

A este escenario se suman salarios adeudados y graves incumplimientos en materia previsional y de seguridad social. Según denunció el gremio ante el medio local Rosario Plus, la empresa no presentó ni canceló el formulario 931, situación que dejó a varios trabajadores sin acceso a asignaciones familiares. Tampoco habría depositado los aportes sociales y previsionales correspondientes.

El impacto de la crisis también se refleja en las características de quienes perdieron sus empleos. La mayoría de los despedidos supera los 45 años y acumula entre 15 y 20 años de antigüedad en la compañía, una situación que profundiza la incertidumbre sobre sus posibilidades de reinserción laboral.

Una quiebra que venía anunciándose

La caída de Algodonera Avellaneda fue el desenlace de un proceso de deterioro que se extendió durante los últimos dos años. La empresa atravesaba un concurso preventivo y llegó a una instancia de salvataje judicial, conocida como cramdown, que finalmente concluyó sin interesados capaces de presentar una propuesta que permitiera evitar la quiebra.

Uno de los principales obstáculos fue la posición del Banco de la Nación Argentina, que concentra más del 80% del pasivo de la compañía y no aceptó la propuesta de acuerdo presentada durante el proceso.

En ese contexto, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, había advertido en una resolución del 23 de octubre sobre la "crítica situación financiera" de la firma y la "vulnerabilidad económica, social y sanitaria" que atraviesan las familias de sus trabajadores.

La semana pasada, el magistrado otorgó a la sindicatura una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles para evaluar si existe la posibilidad de vender las plantas industriales en funcionamiento. El objetivo es determinar si la continuidad productiva puede sostenerse y preservar parte de los puestos de trabajo.

También avanza el remate de un inmueble en Buenos Aires

Mientras se intenta encontrar una salida para los activos industriales, el juzgado también dispuso avanzar con la subasta del edificio que Algodonera Avellaneda posee en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban oficinas de Vicentin y de la propia empresa textil.

La base establecida para el remate es de 1,75 millones de dólares, tomando como referencia una oferta anterior presentada por Electroluz SRL.

Con el vencimiento del plazo de preinscripción, el proceso judicial ingresa en una etapa determinante. Para los trabajadores, sin embargo, la discusión va mucho más allá de quién se quedará con los activos de la compañía: está en juego la posibilidad de conservar sus fuentes laborales, cobrar los salarios e indemnizaciones pendientes y recuperar los aportes que la empresa dejó de ingresar.

Mientras los interesados analizan los números de la firma, cientos de familias siguen esperando una respuesta concreta frente a una crisis que ya golpeó de lleno sus ingresos y su futuro laboral.