El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la ANSES (SECASFPI), conducido por Carlos Ortega, emitió un comunicado en el que advierte sobre una nueva ofensiva judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien considera víctima de una persecución política intensificada tras el anuncio de su candidatura a diputada por la Tercera Sección Electoral bonaerense.

En el texto, el gremio apuntó directamente contra los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz—, a quienes acusa de actuar como “brazo ejecutor del poder económico y mediático concentrado”. Según SECASFPI, el máximo tribunal dejó de lado su rol constitucional para transformarse en un “tribunal de venganza política”.

Para Ortega, el ataque contra Cristina responde a su legado de políticas públicas que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente del país. “La persiguen por todo lo que hizo bien”, señaló, enumerando medidas emblemáticas como la estatización de los fondos previsionales, la creación de la AUH, el plan Procrear, Conectar Igualdad y la recuperación de empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas.

Desde el gremio sostienen que esta ofensiva judicial no tiene como único objetivo a la ex mandataria, sino que busca desarticular todo un proyecto político que, aseguran, aún representa una esperanza para millones de argentinos. “No pudieron derrotarla en las urnas, ahora buscan doblegarla en los tribunales”, denunció Ortega.

El sindicato también alertó sobre la intención de “obtener la foto” de Cristina detenida, lo que consideran un intento de proscripción por vías no democráticas. En respuesta, SECASFPI afirmó que defenderá a la ex presidenta “en las calles, en los lugares de trabajo y donde sea necesario”. “Si vienen por Cristina, vienen por el pueblo. No van a poder con ella, ni con nosotros”, concluye el comunicado.

Esta postura se suma a los cuestionamientos que distintos sectores vienen realizando hacia la Corte Suprema, a la que acusan de actuar con parcialidad en causas de alto contenido político y de favorecer los intereses del denominado “poder real” por sobre el Estado de derecho.