La Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio presentó un planteo judicial para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 55 de la llamada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, al considerar que el mecanismo de actualización que fija para los juicios laborales en trámite reduce de manera significativa el valor real de los créditos reclamados por los trabajadores.

La presentación sostiene que el sistema previsto por la norma genera una pérdida económica que podría alcanzar hasta el 33% del valor real de los créditos laborales, lo que —según los abogados— implica una “licuación” de las sumas reclamadas en procesos judiciales que aún no tienen sentencia firme.

De acuerdo con el escrito, el artículo cuestionado establece que los créditos derivados de relaciones laborales pendientes de resolución judicial se actualicen mediante intereses calculados con la tasa pasiva del Banco Central, con límites vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa adicional del 3% anual.

Para los demandantes, este esquema resulta insuficiente frente al contexto inflacionario de los últimos años, ya que la tasa aplicada quedaría por debajo del aumento de los precios. En consecuencia, argumentan que el sistema termina beneficiando al empleador, quien se vería favorecido por la depreciación monetaria durante el tiempo que se extiende el proceso judicial.

En el planteo también se advierte que el artículo fija un tope según el cual las sumas actualizadas no pueden superar el 67% del cálculo realizado con IPC más una tasa del 3% anual, lo que, según los abogados laboralistas, consolida una reducción significativa del valor real de los créditos laborales originados en períodos de alta inflación.

La presentación judicial sostiene además que la norma vulnera distintos principios constitucionales, entre ellos el principio protectorio del trabajo consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el acceso a una tutela judicial efectiva.

Otro de los cuestionamientos apunta a la aplicación retroactiva de la norma sobre juicios que ya estaban iniciados al momento de sancionarse la ley, lo que —según el escrito— afectaría derechos adquiridos por los trabajadores.

Frente a este escenario, los abogados solicitaron al tribunal que declare la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del artículo 55 en el caso concreto, y que disponga un mecanismo de actualización que garantice la preservación del valor real del crédito laboral reclamado.

Además, dejaron planteada la reserva del caso federal, lo que habilitaría que la discusión llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el planteo no prospere en las instancias judiciales inferiores.