La seccional Tucumán de Asociación Bancaria expresó públicamente su respaldo al diputado nacional y dirigente sindical Carlos Cisneros, en medio de cuestionamientos y derivaciones judiciales vinculadas a un caso que tuvo fuerte repercusión pública.

A través de un comunicado firmado por la secretaria general de la seccional, Cecilia Sánchez Blas, el gremio manifestó su “apoyo institucional, político y gremial” al actual secretario de Administración del sindicato a nivel nacional.

“El compañero Carlos Cisneros no está solo”, señala el documento difundido por la organización sindical, que destacó la trayectoria de más de 30 años del dirigente en el ámbito gremial y político.

El sindicato habla de “ataques” contra el dirigente

Desde la conducción sindical sostuvieron que los cuestionamientos contra Cisneros responden a posicionamientos políticos y gremiales que el dirigente mantuvo a lo largo de los años en defensa de los trabajadores.

En ese sentido, el comunicado recordó intervenciones públicas del legislador vinculadas a reclamos por la situación de jubilados ante el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y críticas a empresas del sector energético como Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) y TRANSNOA, en relación con tarifas y calidad del servicio.

Según el sindicato, esas posiciones habrían generado tensiones con distintos sectores políticos y económicos.

El origen del caso

Las derivaciones que ahora alcanzan a Cisneros tienen su origen en una denuncia realizada en marzo de 2024 por una periodista deportiva de 25 años, tras un partido entre Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield por la Copa de la Liga.

La mujer denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual grupal por parte de futbolistas del club visitante en el hotel donde se alojaba el plantel. En su relato mencionó al arquero Sebastián Sosa y a los jugadores José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré.

El caso generó un fuerte impacto mediático y judicial. Posteriormente los jugadores fueron sobreseídos, decisión que fue cuestionada por la denunciante.

La mujer, además de trabajar como periodista independiente, era empleada de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, y recibió apoyo del gremio bancario, que le brindó asistencia legal y acompañamiento.

La investigación que involucra a Cisneros

A partir de derivaciones de ese expediente, la Justicia federal comenzó a investigar posibles delitos vinculados a trata de personas, lo que abrió una nueva línea judicial que terminó involucrando a Cisneros y a otras personas que acompañaron a la denunciante.

En ese marco, el expediente derivó en un pedido de declaración indagatoria contra el diputado, lo que obligó a notificar formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

A raíz de esa situación, la diputada libertaria Lilia Lemoine impulsó que el caso sea analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador Nicolás Mayoraz.

La comisión deberá evaluar si corresponde avanzar con un eventual proceso de desafuero, procedimiento que requiere un dictamen previo y posteriormente la votación del pleno de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, desde el sindicato bancario ratificaron su respaldo al dirigente y denunciaron una campaña de cuestionamientos contra su figura.