Referentes rurales de Carlos Casares golpearon esta semana las puertas de la Legislatura bonaerense para ponerle voz al drama que viven por las inundaciones. Llegaron para visibilizar la denuncia penal que presentaron contra funcionarios locales y provinciales, denunciar el abandono de los caminos rurales y exigir la reactivación de obras hidráulicas clave. Además, propusieron conformar una mesa de trabajo que reúna a todos los actores del sector para buscar soluciones concretas a los reclamos históricos del campo.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense y reunió a los presidentes de las comisiones de Asuntos Agrarios de ambas Cámaras, Sabrina Sabat (Unión y Libertad) y Alejandro Cellillo (UCR - Somos Buenos Aires), junto a los legisladores Luciano Bugallo (Coalición Cívica), Silvina Vaccarezza y Nerina Neumann (UCR - Cambio Federal) y Jorge Schiavone (PRO). De manera virtual participaron Paula Bustos, Martín Endere (ambos del PRO) y Fernanda Díaz (Unión por la Patria).

Por los productores, una de las voces más firmes fue la de Carolina Donegani, de Comunidad Rural Carlos Casares, quien cuestionó la falta de mantenimiento de los caminos, el nulo control de los canales clandestinos, el freno de obras y la presión impositiva. “No me vengan con que las inundaciones son producto del cambio climático para disfrazar lo que no hicieron. Yo puedo estar inundada, pero también debería tener el camino hecho, y eso hoy no pasa”, señaló.

También tomó la palabra Alejandra Córdoba, abogada y representante legal de los productores de la región centro bonaerense, quien apuntó a la inacción de los gobiernos local y provincial. “El barro es la frontera que separa al campo del acceso a nuestros derechos y de las oportunidades. Falta voluntad política, y lo que más bronca da son las omisiones. Los caminos deberían ser puntos de conexión, y hoy no son más que ríos imposibles de transitar”, sostuvo.

En ese marco, Córdoba mencionó los datos de CARBAP y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que estiman entre 2 y 4 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones, con 900 mil directamente bajo el agua.

Entre los presentes también estuvieron el tambero Diego Martín y su esposa, quienes contaron que desde marzo de 2025 la escuela a la que asisten sus hijos no tiene docentes. “Agradezco que se pueda hacer algo por la producción, porque son muchas las familias que la están pasando mal”, expresaron.

Los legisladores, por su parte, se comprometieron a trabajar de forma coordinada entre ambas Cámaras para impulsar proyectos de ley que se traduzcan en políticas públicas concretas, gestionar ante los gobiernos local y provincial y acompañar la creación de la mesa de trabajo propuesta por los productores.

“La emergencia está, pero también tenemos que hablar de prevención. Esto no nos puede volver a pasar y excede lo partidario. Tenemos que generar leyes macro para que el Estado esté presente antes del desastre”, advirtió Sabat.

Cellillo, en tanto, informó que las productoras presentaron un petitorio y que ambas comisiones de Asuntos Agrarios “van a trabajar el tema en conjunto”. “Habrá una reunión de asesores y se convocará a los representantes del Ejecutivo y del Banco Provincia”, anticipó.

Por su parte, la diputada Sabat recordó que “desde diciembre de 2023 venimos presentando proyectos sobre caminos rurales porque son los que garantizan seguridad, salud, educación y producción. Son vitales para el campo y la conectividad”.

El diputado Luciano Bugallo fue más tajante: “Podemos presentar proyectos, pero si el Ejecutivo no ejecuta, o no baja línea a sus legisladores, todo queda empantanado. Hay una responsabilidad de la Provincia y también de la Nación, que recaudan fondos para obras que no hacen”.

La denuncia penal de los productores rurales de Carlos Casares

Durante la reunión, los productores explicaron los pormenores de la denuncia penal presentada contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, en su carácter de responsables del Comité de Cuenca A3 del río Salado.

“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades del agua y de hidráulica sabían lo que estaba pasando, conocían la recurrencia de las inundaciones y no hicieron nada”, explicó Córdoba.

El escrito judicial, radicado en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, acusa a los funcionarios de estrago doloso por inundación (arts. 186 y 189 del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado pese a su deber de garante en el Comité, e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).

“El intendente de Carlos Casares dijo hace dos meses: ‘Vamos a esperar que baje el agua y después veremos qué hacemos’. Eso es una falta de respeto total. Hace 14 años que conoce el distrito y tiene responsabilidad sobre los caminos rurales. No puede ser que todo dependa del criterio técnico o político de dos o tres personas”, agregó Donegani.

Los productores remarcaron que no se trata solo de un desastre climático, sino de una cadena de omisiones políticas y técnicas. “No estamos tan enojados con la naturaleza como con las omisiones”, subrayó Córdoba. “El Plan Maestro del Río Salado debía terminarse en 15 años, pero lleva 30 y está a medio hacer. Hay desidia de la Provincia, falta de control de la Dirección de Hidráulica sobre los canales clandestinos y abandono total de los caminos rurales”.