Los trabajadores de Vialidad Provincial de Entre Ríos protagonizaron una jornada inédita. El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) realizó un paro general de 24 horas y movilizó a sus afiliados hasta la Legislatura provincial, en rechazo al proyecto de Consorcios Camineros y a un conjunto de medidas que, según la organización, configuran un proceso de debilitamiento de la repartición pública.

La protesta tiene además un componente histórico: se trata de la primera huelga general convocada por el gremio en aproximadamente 40 años. La decisión fue tomada ante el avance legislativo del proyecto impulsado para crear consorcios destinados a intervenir en la conservación y mantenimiento de caminos de la red vial terciaria.

Para Soever, el conflicto excede el tratamiento de una única iniciativa. El sindicato sostiene que el proyecto forma parte de una serie de decisiones que podrían reducir progresivamente las capacidades operativas y técnicas que actualmente concentra Vialidad Provincial.

Entre los puntos que generan preocupación aparecen también la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, la contratación de consultoras para desarrollar proyectos y trabajos técnicos, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y cambios que impactan sobre el régimen previsional de los trabajadores viales.

El conflicto por los Consorcios Camineros

El principal cuestionamiento sindical está puesto sobre la creación de Consorcios Camineros, entidades de carácter no lucrativo que tendrían participación en la conservación de la red vial terciaria.

Desde Soever consideran que la iniciativa puede terminar generando una transferencia progresiva de funciones que actualmente están bajo la órbita de Vialidad Provincial.

El sindicato plantea que mejorar el mantenimiento de los caminos no debería implicar retirar al Estado de esas tareas ni fragmentar la estructura existente.

En ese sentido, la organización sostiene que el camino debería ser el fortalecimiento del organismo público, con mayor capacidad operativa, presupuesto, personal y equipamiento propio.

Tercerización y pérdida de capacidad técnica

Otro de los ejes de la protesta está relacionado con la creciente participación de consultoras externas en tareas vinculadas con proyectos y trabajos técnicos.

Para los trabajadores, la tercerización no solamente implica derivar actividades hacia empresas privadas, sino también poner en riesgo el conocimiento acumulado durante décadas dentro de la repartición.

La preocupación apunta especialmente a la posibilidad de que Vialidad termine limitada a funciones de supervisión y control, mientras las tareas de planificación, elaboración de proyectos y ejecución queden progresivamente en manos de terceros.

El gremio reclama, por el contrario, una estructura estatal que conserve sus equipos técnicos y profesionales y que pueda intervenir directamente sobre la red vial entrerriana.

Una protesta que apunta al futuro del organismo

La movilización frente a la Legislatura buscó visibilizar el rechazo sindical mientras avanzaba el tratamiento del proyecto.

Desde Soever remarcaron que la discusión no se limita a las condiciones laborales de los trabajadores. La organización sostiene que el funcionamiento de Vialidad Provincial tiene impacto directo sobre la producción, la circulación, la integración territorial y la seguridad vial de Entre Ríos.

La posición sindical es que una eventual pérdida de capacidad operativa de la repartición terminaría afectando también a las comunidades que dependen de una red de caminos mantenida de manera permanente.

Por eso, el reclamo incluye la defensa de los puestos de trabajo y del régimen previsional, pero también la continuidad de una estructura estatal con capacidad para planificar, proyectar, ejecutar, conservar y controlar las obras viales.

«No queremos una Vialidad reducida a controlar lo que hacen otros»

El Soever plantea como alternativa una Vialidad Provincial con mayor capacidad de intervención directa, trabajadores especializados, maquinaria propia y estructuras zonales fortalecidas.

La discusión, de fondo, gira alrededor del rol que tendrá el Estado entrerriano en la administración y mantenimiento de su infraestructura vial.

Mientras el proyecto de Consorcios Camineros avanza en la Legislatura, los trabajadores decidieron romper con una tradición de cuatro décadas sin huelgas generales para advertir que, a su entender, está en juego mucho más que una modificación normativa.

El sindicato sostiene que el objetivo es preservar una Vialidad Provincial pública, profesionalizada y con capacidad operativa propia, y evitar que el organismo quede progresivamente reducido frente al avance de esquemas de tercerización o delegación de funciones.

El conflicto se suma a un escenario de creciente tensión laboral en Entre Ríos, donde también se registran reclamos sindicales vinculados a la situación de Granja Tres Arroyos, con denuncias por despidos y paralización de actividades en el sector alimentario.