A cinco meses de iniciado 2025, los resultados económicos del gobierno de Javier Milei muestran un fuerte contraste entre el orden fiscal buscado por la administración libertaria y la realidad social que enfrentan trabajadores, jubilados y sectores productivos. Lejos de la prometida recuperación, el modelo implementado parece haber profundizado la recesión y debilitado las condiciones laborales en todo el país.

Según un informe del centro de estudios CIFRA-CTA, la economía argentina no sólo arrastra una pesada deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino también con la población: durante 2024, la pérdida de empleos formales, el avance de la precarización y la caída del poder adquisitivo golpearon con fuerza a las mayorías.

El análisis destaca que en el último trimestre de 2024 había 175.000 empleos registrados menos que en igual período del año anterior. Esta caída se dio principalmente en los sectores de la construcción y la industria, que concentran el 80% de las pérdidas.

Además del retroceso en los puestos formales, se disparó el empleo informal. Más de 75.000 trabajadores se sumaron a la economía no registrada, mientras que el número de monotributistas y cuentapropistas creció en casi 250.000. Esta tendencia revela una sustitución del empleo asalariado por formas más precarias y desprotegidas.

En este contexto de deterioro, la capacidad de negociación salarial quedó fuertemente condicionada. “Si no aceptamos lo que nos ofrecen, hay otros que lo harán”, es la frase que más se repite entre los trabajadores, conscientes del incremento de la desocupación y de la actitud del gobierno, que pone un freno explícito a las paritarias para evitar presiones inflacionarias.

El documento también destaca que los ingresos reales tuvieron una leve recuperación en la primera parte de 2024 debido a la desaceleración inflacionaria, pero esa mejora se agotó rápidamente. La combinación de desempleo en alza y el techo impuesto a las negociaciones colectivas impidió que los salarios acompañaran la inflación.

En el sector privado formal, los sueldos lograron apenas empatarle a la suba de precios hacia finales de 2023. Pero los ingresos públicos no corrieron la misma suerte: cayeron un 15% en términos reales desde la asunción de Milei. En perspectiva histórica, la situación es aún más preocupante: en comparación con el último trimestre del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el poder adquisitivo del salario estatal se desplomó un 38%, mientras que el del empleo privado retrocedió 23,5%.

Esta merma en los ingresos tuvo un impacto directo sobre la actividad económica. El PBI cayó un 1,7% en 2024, impulsado por un desplome en la inversión (17,4%), el consumo privado (4,2%) y el consumo del sector público (3,2%). Solo el sector exportador mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 23%, sostenido por la recuperación agropecuaria tras la sequía y por mayores ventas de energía.

La tasa de desempleo también mostró señales preocupantes: pasó de 5,7% al cierre de 2023 a 6,4% a fines de 2024. A esto se suman fenómenos como la subocupación, el pluriempleo y un aumento en la cantidad de trabajadores que, aun teniendo empleo, buscan otro por necesidad.

Entre los ingresos más afectados están los que dependen directamente del Estado. El salario mínimo vital y móvil sufrió una caída tan profunda que en términos reales se ubica por debajo de los niveles de los años noventa: en el primer cuatrimestre de 2025 equivale al 68% de su valor en 2023. En tanto, las jubilaciones siguieron en picada: en promedio retrocedieron un 10,2% en 2024, y la mínima perdió un alarmante 18,7%, ubicándose en niveles comparables al año 2001.

Con estos datos sobre la mesa, el modelo económico libertario encara 2025 con cifras que reflejan más ajuste que crecimiento, y con un mercado laboral cada vez más frágil. La reactivación prometida aún no llega, y las urgencias sociales empiezan a hacer más ruido que las metas fiscales.