La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, espera que el Gobierno nacional homologue el acuerdo salarial firmado recientemente con la mayoría de las cámaras empresariales del sector. De no concretarse la validación por parte de la Secretaría de Trabajo, el gremio anticipa que reactivará el plan de lucha aprobado en abril.

El convenio, que establece un aumento salarial acumulado del 11,2%, sumado a gratificaciones extraordinarias y una cláusula de revisión en septiembre, fue presentado ante la cartera laboral conducida por Julio Cordero. También incluye la creación de un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). No obstante, hasta ahora el Ejecutivo no dio el visto bueno.

"El Gobierno dilata la homologación como si no aceptara que se puede alcanzar un acuerdo sin su intervención directa", cuestionó Rubén Urbano, secretario de Prensa del sindicato. Según Urbano, el entendimiento fue fruto de casi cuatro meses de negociaciones, en un contexto marcado por la resistencia de algunos sectores empresariales y del propio Ejecutivo.

La única entidad que se negó a firmar fue Camima, la cámara que agrupa a pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, argumentando dificultades económicas. Desde la seccional de Quilmes, el dirigente Adrián Pérez criticó esa postura y apuntó contra el titular de la cámara, José Luis Ammaturo. “Este Gobierno es el suyo, y no lo vimos reclamar por la situación económica que ahora lo preocupa”, disparó, sugiriendo una motivación política detrás del rechazo.

Mientras tanto, las cámaras firmantes —Adimra, Afarte, Caiama, Fedehogar y AFAC— acordaron garantizar la paz social durante la vigencia del acuerdo, que cubre el período abril 2025-marzo 2026. Sin embargo, desde la UOM advirtieron que, si no hay aval oficial, no dudarán en convocar movilizaciones, paros o huelgas escalonadas.

“El objetivo es evitar el conflicto, pero no vamos a aceptar que se frene una mejora salarial legítima. Los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo”, advirtió Urbano. La falta de homologación, que en otros tiempos era un trámite administrativo, se ha convertido hoy en un nuevo foco de tensión en el mundo laboral argentino.