La crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) se agrava día a día. Con un padrón de más de 600 mil afiliados en todo el país, la obra social atraviesa un desfinanciamiento crítico que ya provocó renuncias masivas, reclamos gremiales y nuevas sospechas sobre eventuales negocios vinculados al poder político actual.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la situación financiera es terminal. “Los números salieron en rojo y la deuda es imposible de pagar”, denunció Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, en diálogo con el diario La Nueva. Según explicó, una auditoría ordenada por el Ministerio de Defensa reveló un panorama desolador: déficit creciente, deudas acumuladas desde diciembre de 2024 y un crédito pedido a la Caja Jubilatoria del Personal Militar que se agotó en tres meses sin solucionar los problemas estructurales.

El vaciamiento, denuncian desde el gremio, se refleja en la renuncia de gerentes, la reducción del personal y la parálisis en áreas clave. Para Mendoza, “la obra social está quebrada”.

Los rumores sobre una posible privatización del IOSFA vienen circulando desde hace meses, aunque el Gobierno ha negado públicamente esa intención. Sin embargo, el contexto de ajuste y la falta de inversión alimentan las sospechas. En paralelo, distintas versiones señalan que sectores cercanos al oficialismo estarían intentando avanzar sobre el sistema de salud, en especial sobre las obras sociales sindicales, apuntando a sus padrones y proveedores como potenciales fuentes de negocio.

Las alarmas se encienden también por movimientos en otras entidades del sector. Días atrás, InfoGremiales reveló que Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados y figura clave de La Libertad Avanza—, fue designado como operador de peso en la intervención de la obra social OSPRERA, la tercera más grande del país. Aguirre, médico y empresario, comparte con Menem la firma TR NUTRITION SRL, dedicada a la venta de suplementos deportivos.

Según fuentes del sector, Aguirre no sólo habría desplazado al interventor formal, Marcelo Petroni, sino que también recibe a proveedores en oficinas privadas ajenas a la obra social, generando cuestionamientos sobre el manejo discrecional de recursos públicos.

La situación de IOSFA, sumada a estas denuncias, profundiza el malestar entre los trabajadores y los afiliados. Para los sectores gremiales, el cuadro de deterioro no es casual sino parte de una estrategia deliberada de vaciamiento, en línea con una política de concentración del negocio de la salud.

En este contexto, la incertidumbre crece. Mientras el Gobierno niega una avanzada privatizadora, las señales desde adentro del sistema apuntan a una transformación silenciosa, con fuerte impacto en la vida de miles de afiliados.