Las empresas energéticas Camuzzi Gas y Secco atraviesan fuertes conflictos laborales en la provincia de Buenos Aires, impulsados por denuncias sindicales que advierten por despidos, precarización y una “reforma laboral de hecho” avalada por el Gobierno nacional.

Ambas firmas mejoraron sus ingresos tras los recientes aumentos tarifarios autorizados por el Ejecutivo. Sin embargo, los gremios sostienen que ese margen extra se tradujo en recortes para los trabajadores, y no en mejoras del servicio. La estrategia común, según denuncian, busca reducir el “costo laboral” mediante despidos, sobrecarga de tareas y desconocimiento de derechos adquiridos.

En Camuzzi, el conflicto estalló tras semanas de reclamos sin respuestas. Trabajadores nucleados en el Sindicato de la Industria del Gas (Stigas) realizaron un quite de colaboración en plantas clave como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. “Cuando se cortan las horas extra, el servicio colapsa. No hay personal suficiente para sostener la operación”, señalaron desde el gremio. La empresa, dirigida por Hernán Pardo, no habilitó instancias de diálogo, y los trabajadores ya organizan una movilización hacia la sede central en Puerto Madero.

La situación en Industrias Secco es aún más crítica. La empresa despidió a los 30 empleados del área de Emergencias de José León Suárez, responsables de atender accidentes e incidentes climáticos. La medida se tomó, según denunció la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA), justo antes de la inundación que afectó a Zárate. “Hoy no hay quién atienda esas emergencias. Es una decisión que pone en riesgo a toda la comunidad”, afirmó el delegado Ariel Moreno.

El gremio también alertó sobre una política de vaciamiento, donde los despidos apuntan a reemplazar personal efectivo por contratados sin derechos ni indemnizaciones. “Se busca flexibilizar el empleo sin pasar por el Congreso. Es una reforma laboral encubierta”, señalaron desde FeTERA.

Ambas empresas han expandido sus negocios en los últimos años: Camuzzi accedió al financiamiento externo tras el blanqueo, mientras que Secco diversificó su actividad hacia la generación eléctrica, la minería y los hidrocarburos. No obstante, sus prácticas laborales actuales generan preocupación tanto entre trabajadores como entre usuarios, ante una merma en la capacidad operativa y de respuesta.

Los gremios coinciden en que la permisividad oficial favorece un escenario de ajuste por vía indirecta. “El Gobierno da señales al mercado, pero se desentiende del impacto social. Somos los trabajadores y los usuarios quienes pagamos el precio”, concluyeron.