La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje en la navegación comercial, abrió un conflicto que mantiene afectada la actividad en los principales puertos del país. La decisión de numerosos prácticos de dejar de aceptar nuevos servicios generó demoras en la operatoria marítima y expuso las dificultades del Gobierno para encauzar la disputa.

Según distintas fuentes del sector, más de 150 buques permanecen a la espera de ingresar o salir de los puertos, mientras empresas vinculadas al comercio exterior y a la industria energética advierten sobre el impacto que la situación podría tener en la logística y el abastecimiento.

Un conflicto sin negociación colectiva

Una de las principales particularidades del conflicto es la situación laboral de los prácticos.

A diferencia de otros sectores, estos profesionales ejercen su actividad de manera independiente y no mantienen una relación de dependencia con empleadores. Por ese motivo, desde el ámbito oficial sostienen que no existe un conflicto laboral tradicional que habilite la aplicación de herramientas como la conciliación obligatoria.

Además, al no existir una organización sindical que represente colectivamente a los prácticos en esta actividad, el Gobierno carece de un interlocutor único para abrir una instancia formal de negociación.

Fuentes oficiales señalaron que la decisión de no aceptar nuevas prestaciones responde a determinaciones individuales de cada profesional y no a una medida gremial organizada.

La actividad portuaria continúa con fuertes demoras

El conflicto afecta operaciones en terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, entre otros puntos de la red portuaria nacional.

La labor de los prácticos resulta indispensable para las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones, ya que asesoran a los capitanes durante la navegación en ríos, canales y accesos portuarios donde su intervención es obligatoria por razones de seguridad.

Mientras los servicios previamente programados continúan desarrollándose, la negativa a aceptar nuevas asignaciones provoca una acumulación de buques en espera y ralentiza la operatoria comercial.

Advertencias del sector energético

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que varias de las operaciones de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la falta de disponibilidad de prácticos.

La entidad señaló que, de prolongarse la situación, podrían registrarse inconvenientes en la cadena logística vinculada al transporte de combustibles y otros productos energéticos.

Entre los puertos alcanzados por la medida se encuentran terminales utilizadas para el movimiento de derivados del petróleo y de crudo destinado a las refinerías.

Intimaciones de la Prefectura Naval

Frente al escenario generado tras la entrada en vigor del decreto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a notificar individualmente a los prácticos habilitados para que retomen la prestación del servicio.

El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio regulado por la legislación vigente y advirtió que la interrupción de la actividad podría derivar en actuaciones administrativas e incluso en denuncias judiciales, según las circunstancias de cada caso.

Un nuevo desafío para la desregulación

El conflicto representa uno de los primeros desafíos operativos derivados de la aplicación del nuevo esquema regulatorio impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Mientras el Gobierno busca normalizar la actividad mediante intimaciones individuales, la ausencia de una relación laboral formal y de una representación sindical centralizada dificulta la utilización de los mecanismos habituales de resolución de conflictos.

La evolución de las negociaciones y la respuesta de los prácticos será determinante para establecer cuándo podrá recuperarse el funcionamiento pleno de los puertos argentinos.