La medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se desarrolla este lunes en todo el país. El gremio reclama la reapertura de la paritaria nacional, la restitución del FONID y una nueva ley de financiamiento educativo, mientras el Gobierno monitorea el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la legislación vigente.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este lunes un paro nacional docente de 24 horas, una medida que afecta el funcionamiento de establecimientos educativos públicos en distintas provincias y coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en jurisdicciones como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La organización sindical fundamentó la protesta en la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y en una serie de reclamos vinculados con el financiamiento del sistema educativo y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Los reclamos del gremio

En un comunicado, la conducción de CTERA sostuvo que la protesta responde a la "permanente negativa" del Gobierno nacional a convocar la negociación paritaria y cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo.

Entre los principales reclamos se encuentran:

• Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
• Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros fondos destinados a educación.
• Recuperación del salario docente.
• Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
• Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Desde la entidad sindical también manifestaron que, según su evaluación, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo y reclamaron una mayor inversión pública en el sistema educativo.

El Gobierno controla el cumplimiento del servicio mínimo

En paralelo a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desplegó un operativo para verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos durante la jornada.

La fiscalización se realiza mediante las agencias territoriales del organismo, que relevarán el nivel de actividad en cada provincia y remitirán la información a la administración central para elaborar un informe nacional.

Según informó el Gobierno, si se detectaran incumplimientos respecto de la prestación mínima exigida para el servicio educativo, podrían iniciarse los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente.

La aplicación de la Ley de Modernización Laboral

El operativo oficial se sustenta en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios considerados esenciales.

La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse una prestación mínima equivalente al 75% del servicio habitual.

No obstante, fuentes oficiales aclararon que una eventual sanción no será automática. Para avanzar en ese sentido, deberán verificarse los incumplimientos, identificar a los responsables y desarrollarse el correspondiente procedimiento administrativo, con las instancias de defensa y revisión judicial previstas por la legislación.

Impacto de la medida

El paro tiene incidencia principalmente en las escuelas públicas de todo el país, mientras que algunos establecimientos privados mantienen sus actividades habituales, aunque el nivel de adhesión puede variar según la participación de los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales.

La jornada de protesta se desarrolla en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, que mantienen diferencias tanto por la política salarial como por el financiamiento del sistema educativo y la aplicación del nuevo régimen laboral para los servicios considerados esenciales.