La Sala I de la Cámara Federal de San Martín desestimó el pedido presentado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para habilitar la feria judicial de invierno y acelerar el tratamiento del amparo sindical impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra la Resolución 42/2026, norma que modificó el funcionamiento de numerosos servicios técnicos del organismo.

Con esta resolución, el tribunal confirmó la decisión adoptada previamente por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, que había rechazado el planteo del organismo para continuar el trámite judicial durante el receso de invierno.

El Gobierno buscaba acelerar el proceso

El INTI había solicitado la habilitación excepcional de la feria con el argumento de que el amparo debía resolverse con rapidez, al tratarse de una acción prevista para brindar una respuesta judicial expedita.

Según sostuvo el organismo, la demora en el avance del expediente generaba incertidumbre sobre el funcionamiento institucional y afectaba el interés público. El objetivo era avanzar con las actuaciones pendientes para alcanzar una sentencia definitiva sobre la demanda presentada por ATE.

La Cámara descartó que existiera una urgencia

Los camaristas consideraron que la habilitación de la feria constituye una medida excepcional que solo puede concederse cuando existe un riesgo concreto de que la demora provoque un perjuicio grave o la pérdida de un derecho.

En ese sentido, concluyeron que el INTI no logró demostrar que esperar la finalización del receso judicial pudiera ocasionarle un daño irreparable, por lo que resolvieron mantener suspendidos los plazos procesales hasta la reanudación de la actividad judicial.

Sigue vigente la cautelar impulsada por ATE

Mientras continúa el trámite del amparo, permanece en plena vigencia la medida cautelar obtenida por ATE, que suspendió la aplicación de la Resolución 42/2026 durante un plazo inicial de seis meses.

La resolución judicial obliga al organismo a mantener los servicios alcanzados por la norma, impide modificaciones sobre el equipamiento técnico involucrado y garantiza que los trabajadores continúen desempeñando sus funciones con las mismas categorías, salarios y condiciones laborales vigentes antes de la implementación de la reestructuración.

Asimismo, preserva la continuidad de tareas estratégicas vinculadas con asistencia técnica, certificaciones, ensayos y transferencia tecnológica que desarrolla el instituto.

El eje del conflicto

El amparo promovido por ATE solicita que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 42/2026 al considerar que la medida implicó un vaciamiento de funciones del organismo y abrió la puerta a una reducción de personal especializado.

El sindicato sostiene que la reestructuración afectó áreas técnicas fundamentales, comprometió la capacidad operativa del INTI y puso en riesgo tanto el empleo como la prestación de servicios tecnológicos que brinda el organismo al sector productivo.

Con el rechazo del pedido para habilitar la feria judicial, la causa continuará su curso una vez finalizado el receso de invierno. Hasta entonces, la medida cautelar seguirá bloqueando la implementación de la resolución cuestionada y mantendrá protegida la situación laboral de los trabajadores alcanzados por el conflicto.