La transformación del mercado laboral argentino comienza a reflejarse con fuerza en las cuentas del sistema jubilatorio. La expansión del monotributo, la reducción del empleo asalariado registrado y los altos niveles de informalidad están debilitando la capacidad de financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

De acuerdo con los datos más recientes, hoy se necesitan casi 34 monotributistas para cubrir el costo de una jubilación promedio, mientras que el mismo haber puede financiarse con los aportes de apenas 3,5 trabajadores registrados. La diferencia también se observa en la jubilación mínima con bono: se requieren alrededor de 23 monotributistas, frente a 2,4 asalariados.

La diferencia está en los aportes

El principal factor que explica esta brecha es el monto de los aportes previsionales.

Mientras un trabajador registrado realiza contribuciones significativamente más elevadas, la mayoría de los monotributistas aporta valores considerablemente menores debido a que se encuentra encuadrada en las categorías de menor facturación.

En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un asalariado alcanzó los $187.098 mensuales, mientras que el de un monotributista fue de apenas $19.215. Más de la mitad de quienes tributan bajo este régimen están inscriptos en la categoría A y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, las de menor nivel de ingresos.

Cambia el mercado laboral

El escenario se agrava por la evolución del empleo. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 329.000 puestos de trabajo registrados, mientras que el régimen de monotributo incorporó más de 150.000 nuevos contribuyentes en el mismo período.

A ello se suma un elevado nivel de informalidad laboral. Se estima que alrededor del 44% de las personas ocupadas trabaja sin registrar aportes al sistema previsional, lo que representa más de nueve millones de trabajadores que no contribuyen al financiamiento de las jubilaciones.

Un sistema con creciente déficit

Especialistas advierten que la combinación entre menores aportes, envejecimiento de la población y aumento del número de beneficiarios incrementa las dificultades financieras del SIPA.

Actualmente, los recursos generados por los aportes y contribuciones no alcanzan para cubrir el gasto previsional, por lo que el sistema depende de transferencias del Tesoro Nacional para sostener el pago de las prestaciones.

En paralelo, el poder adquisitivo de las jubilaciones también se deterioró en los últimos años. Según los datos difundidos, el haber medio acumuló una pérdida cercana al 13% en términos reales durante los últimos tres años, mientras que la jubilación mínima —incluyendo el bono— registró una caída aproximada del 20%.

Este escenario reabre el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional y el impacto que tiene la creciente precarización del mercado laboral sobre el financiamiento de las jubilaciones en la Argentina.