En la antesala del debate por la reforma laboral en el Senado, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión clave para este miércoles con el objetivo de analizar el escenario político y fijar postura frente a una eventual sanción de la iniciativa.

El encuentro de la mesa chica cegetista se dará en una semana determinante en el Congreso, donde el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción. Aunque el malestar sindical es evidente tras la derrota legislativa en Diputados, la central obrera no prevé, al menos por ahora, una nueva escalada en la calle.

Sin nuevo paro en el horizonte

Fuentes gremiales anticiparon que el clima interno no es propicio para convocar a otra medida de fuerza de alcance nacional. En la conducción entienden que un nuevo paro general podría generar más desgaste que impacto político y reconocen que el contexto actual no ofrece condiciones favorables para una movilización masiva.

La evaluación predominante es evitar un escenario de confrontación directa que implique altos costos organizativos y financieros, especialmente después de las recientes protestas contra el proyecto oficial.

La vía judicial como eje central

En caso de que el Senado apruebe la reforma, la CGT se inclinaría por trasladar la disputa al terreno judicial. El foco estaría puesto en cuestionar la constitucionalidad de determinados artículos, en particular aquellos que, según advierten, podrían afectar el derecho de huelga o introducir cambios regresivos en materia de garantías laborales.

La estrategia jurídica buscaría frenar la aplicación de los puntos más controvertidos mediante presentaciones judiciales y pedidos de medidas cautelares.

Costo político y presión sobre el Senado

Más allá de la ofensiva legal, la central sindical analiza desplegar una estrategia de presión política sobre los senadores que acompañen la iniciativa. En el entorno cegetista consideran que, si el oficialismo logra reunir los votos necesarios, la discusión deberá trasladarse también al plano electoral y territorial.

La premisa que se impone puertas adentro es clara: administrar fuerzas, evitar un desgaste innecesario y concentrar recursos en una disputa de largo plazo. Así, la CGT parece encaminarse hacia una etapa de judicialización del conflicto, dejando en segundo plano —al menos por ahora— la protesta callejera como herramienta principal de resistencia.