La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su respaldo a la jueza Marta Pascual y reclamó el cese inmediato del hostigamiento que, según denunció, se desató luego de que la magistrada suspendiera preventivamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La resolución fue dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y estableció la suspensión por 60 días de la Ley 27.801. La medida se fundamentó en la necesidad de garantizar los derechos de los y las adolescentes ante la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para implementar el nuevo régimen.

El hostigamiento también alcanzó a trabajadores judiciales

A través de un comunicado, la AJB advirtió que la situación no se limitó a la jueza, sino que también se extendió al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora.

Por ese motivo, el sindicato exigió la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la provincia. El objetivo es que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada, de los trabajadores y trabajadoras del organismo y el normal desarrollo de sus funciones.

Críticas a los medios y al Gobierno nacional

La organización gremial manifestó su preocupación por la participación de medios de comunicación y de distintos sectores del Gobierno nacional en lo que definió como una “campaña de desprestigio, presión y ataque” contra la jueza.

Desde la AJB señalaron que la magistrada tomó una decisión dentro del marco de sus facultades constitucionales y cuestionaron que una resolución judicial pueda derivar en acciones de presión o amedrentamiento.

“Las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales”, sostuvo el gremio.

Defensa de la independencia judicial

La AJB reafirmó su defensa de la independencia del Poder Judicial y del pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. En ese sentido, advirtió que los ataques contra la jueza y el personal del juzgado afectan el respeto por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Finalmente, la organización sindical sostuvo que este tipo de prácticas “afectan gravemente la independencia judicial, el respeto por la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República”.