En el inicio del tratamiento en comisión del proyecto de reforma laboral en el Senado, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, expuso un duro rechazo a la iniciativa del oficialismo y advirtió que la propuesta “viola normas constitucionales” y avanza sobre derechos laborales consagrados. En ese marco, cuestionó uno de los principales argumentos históricos del flexibilizacionismo: “Hace más de 50 años que nos vienen diciendo que la flexibilización laboral va a generar empleo. La realidad demuestra que no genera ni empleo ni formalidad”.

La reunión se desarrolló en el ámbito de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la senadora Patricia Bullrich, y contó con la participación de representantes de las centrales sindicales y de las principales cámaras empresarias, como la UIA, la Sociedad Rural Argentina y la CAME. Por el movimiento obrero expusieron Godoy, por la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional.

Durante su intervención, Godoy sostuvo que el proyecto —compuesto por 197 artículos— no contempla ninguna mejora para los trabajadores. “Viola normas constitucionales, vulnera derechos consagrados y desconoce principios básicos como el de Justicia Social. Las leyes laborales existen para proteger a los trabajadores, no para perjudicarlos”, afirmó.

El dirigente recordó que la propia Constitución Nacional reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores. “La norma constitucional establece con claridad que en la relación patrón-trabajador existe una desigualdad de origen. Por eso, las leyes laborales deben equilibrar esa relación, no profundizarla”, señaló. En ese sentido, reclamó que el debate se dé en el marco de sesiones extraordinarias que permitan discutir otros proyectos alternativos impulsados por el movimiento obrero. “Creemos que las relaciones laborales pueden modificarse, pero no para aumentar la explotación ni para devolver a la Argentina al siglo XIX”, remarcó.

Godoy también cuestionó los resultados concretos de las políticas de flexibilización aplicadas en los últimos años. “Este Congreso ya aprobó una reforma laboral con la Ley Bases y el resultado fue la pérdida de 240 mil puestos de trabajo formal en apenas un año. La evidencia es clara: este tipo de reformas no generan empleo”, afirmó, y subrayó que la creación de trabajo está directamente ligada al modelo productivo.

En ese punto, denunció que el Gobierno impulsa un esquema económico centrado en la exportación primaria. “Un modelo que prioriza la explotación agropecuaria, la minería y el petróleo no sólo profundiza las desigualdades territoriales, sino que destruye economías regionales y empleo”, advirtió. Según explicó, la reforma laboral acompaña ese rumbo al debilitar el mercado interno, reducir ingresos y afectar la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

Otro de los ejes centrales de la crítica fue el tratamiento de los nuevos formatos laborales. Godoy sostuvo que el proyecto consolida la precarización al reconocer a los trabajadores de plataformas como independientes. “Son los únicos empleos que crecieron en los últimos años y esta ley los condena a ser eternamente precarios”, alertó.

Asimismo, denunció un avance directo contra la organización colectiva y el derecho de huelga. “La exigencia de garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios en la mayoría de los sectores implica, en los hechos, la prohibición de la huelga. Se busca impedir una medida de fuerza nacional, violando el artículo 14 de la Constitución”, sostuvo, y agregó que esto “implica el final de la negociación colectiva”.

Godoy advirtió además que la iniciativa amplía las herramientas de disciplinamiento patronal, habilitando la flexibilización de horarios, la fragmentación de las vacaciones y la alteración de los descansos. “Esto no es un detalle técnico: perjudica la organización de la vida de las y los trabajadores”, señaló.

Uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral. “Es un engendro malvado y un gran negocio para los bancos. Se deja de exigir al empleador el pago de indemnizaciones y se subsidian los despidos con aportes del Estado y fondos que provienen incluso de quienes cobran la AUH”, denunció.

Sobre el cierre, Godoy cuestionó la falta de un debate amplio e inclusivo. “¿Por qué no se convocó a todos los actores del ámbito productivo, a las pequeñas y medianas empresas, a especialistas del derecho laboral?”, se preguntó. Finalmente, ratificó la continuidad del plan de lucha: “Mañana estaremos en las plazas de todo el país para que gobernadores, diputadas y senadores escuchen claramente el planteo de la clase trabajadora”.