Germán Gonaldi, trabajador de comunicación del IPAF Región Pampeana del INTA y delegado de ATE, encendió la alarma sobre el brutal ajuste que atraviesa el organismo. En una entrevista radial, advirtió sobre el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir del decreto 462/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que según sus palabras “destruye el INTA para beneficiar negocios privados”.

“Esto no es solo un ataque al Estado, es un ataque directo a los trabajadores, al Estado de Derecho y a la democracia participativa”, denunció Gonaldi.

El delegado detalló que se eliminó el Consejo Directivo del INTA, que estaba integrado por representantes de universidades, la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria, y expertos del sector agrícola, y se reemplazó por una conducción unipersonal elegida por el Ejecutivo.

Desinversión y cierre de oficinas

El ajuste incluye cierres de agencias de extensión rural en todo el país, incluida la de la región AMBA, y el vaciamiento de más de 40 estaciones experimentales. Esto, según Gonaldi, revela que el gobierno “no quiere técnicos visitando chacras o asistiendo a pequeños productores. Solo les interesa el sector que genera divisas y no el que alimenta a los argentinos”.

“El INTA es uno de los pocos organismos con presencia nacional en todo el territorio. En muchos pueblos es la única cara visible del Estado”, afirmó.

También denunció que se busca llevar la planta de trabajadores del organismo a los niveles de 1988, a pesar del crecimiento demográfico y la expansión de la producción.

De la tecnología al negocio inmobiliario

Una de las críticas más duras tuvo que ver con el destino de los bienes del organismo: “Se pretende vender unas 60.000 hectáreas de tierras del INTA, que el gobierno considera ‘ociosas’, pero que en realidad son utilizadas para experimentación agrícola, desarrollo genético y tecnológico. Esas tierras van a terminar convertidas en countries o emprendimientos inmobiliarios privados”.

“Esto empezó en 2024. Ya vendieron un edificio en la calle Cerviño de Buenos Aires donde funcionaba una fundación que trabajaba con el INTA. Lo vendieron por 6 millones de dólares. Dicen que esa plata iba a ser reinvertida, pero no vimos ni un peso”, afirmó Gonaldi.

Ataques, amenazas y resistencia

Gonaldi también se solidarizó con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien fue amenazado de muerte durante una protesta pacífica en Aeroparque. “Es la consecuencia directa del discurso de odio que este gobierno alienta contra los trabajadores del Estado”, subrayó.

En este contexto, ATE y el gremio propio del INTA, APINTA, presentaron una medida cautelar en la Justicia laboral para frenar el decreto. También están trabajando en el Congreso Nacional para lograr que ambas cámaras deroguen la norma por mayoría simple. “Hay buena recepción incluso en sectores de la UCR y Compromiso Federal. Hay libertarios que también están dudando”, comentó.

Un modelo de país en juego

El delegado gremial fue contundente al denunciar que “no se puede destruir un organismo que ha devuelto históricamente al Estado entre 5 y 11 pesos por cada peso invertido”. Recordó que el INTA ha sido clave en el desarrollo de semillas híbridas, mejoras genéticas animales y tecnologías de producción que benefician a toda la cadena agroalimentaria.

“No les interesa el país, les interesa un modelo para el 10% de la población. El resto que se arregle. Pero no se puede gobernar un país destruyendo su ciencia, su tecnología y su aparato productivo”, sentenció Gonaldi.

El caso del INTA representa, según el entrevistado, un símbolo del vaciamiento del Estado en favor de negocios privados. Y si bien la situación es crítica, desde ATE aseguran que seguirán resistiendo en las calles, en la Justicia y en el Congreso.