La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó el tono de sus reclamos contra la conducción del sistema de obras sociales y anticipa una nueva denuncia penal por presuntas irregularidades en entidades intervenidas. En paralelo, crece la presión para que el ministro de Salud, Mario Lugones, desplace al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman.

Según fuentes sindicales, el malestar se profundizó tras semanas de negociaciones sin avances y frente a lo que consideran un deterioro sostenido del financiamiento del sistema. Apuntan, especialmente, a la demora en la transferencia de fondos y a la falta de cobertura en áreas sensibles como discapacidad, transporte y educación, en un contexto de caída del poder adquisitivo.

En ese marco, se prepara una presentación judicial que sería radicada en los próximos días ante la Justicia Federal. La denuncia buscará que se investiguen posibles delitos contra la administración pública y pondrá el foco en presuntos conflictos de intereses dentro de la estructura de las obras sociales intervenidas.

Uno de los puntos centrales del planteo es la designación de Gonzalo Mujico como gerente de compras de medicamentos en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, una de las entidades bajo intervención estatal y considerada entre las más grandes del sistema por cantidad de afiliados.

De acuerdo con la información relevada, Mujico tendría vínculos previos con el sector privado de la salud —particularmente con la firma Modum SA— y una relación directa con Stivelman, también vinculado a ese ámbito. Además, trascendió que personas de su entorno cercano habrían sido incorporadas a la estructura de la obra social, lo que alimenta sospechas sobre designaciones basadas en afinidad personal más que en criterios técnicos.

El caso no se limitaría a OSPRERA. Mujico también tendría funciones en la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, otra entidad intervenida, lo que refuerza las críticas sobre una posible concentración de decisiones en un grupo reducido de funcionarios.

Desde la CGT sostienen que este esquema podría derivar en un manejo discrecional de áreas clave, como la compra de medicamentos, y advierten sobre el riesgo de un “armado de negocios” dentro del sistema sanitario.

La escalada de tensión abre un nuevo frente de conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno, en un escenario donde las obras sociales —históricamente administradas por los gremios— atraviesan un proceso de creciente intervención estatal y fuertes cuestionamientos sobre su funcionamiento.