El Gobierno nacional decidió avanzar con una denuncia penal contra la junta interna de ATE en el INTI, a la que acusa de haber protagonizado un episodio de “retención forzada” de autoridades del organismo durante una protesta sindical.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho habría ocurrido en el predio del Parque Tecnológico Migueletes, donde el presidente del instituto, Miguel Romero, permaneció junto a su equipo durante aproximadamente dos horas en el marco de una manifestación gremial contra despidos en el sector.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al edificio y que se registraron situaciones de tensión. En ese contexto, señalaron que el titular de la junta interna, Francisco Dolmann, se habría comunicado con Romero para exigirle que abandonara el lugar.

“El INTI no va a tolerar ninguna expresión de violencia y promoverá las denuncias penales correspondientes para que quienes cometan delitos enfrenten la ley”, indicaron desde el organismo en un comunicado oficial.

El episodio se dio en el marco de un conflicto creciente, luego de que el organismo anunciara días atrás un proceso de reestructuración que incluye despidos y cambios en su funcionamiento, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con la versión oficial, los manifestantes habrían intentado impedir la salida de las autoridades tras una reunión en la que también participó una representante de UPCN. La situación motivó la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina, que se desplegó en el predio para garantizar la seguridad y facilitar la salida de los funcionarios.

El Gobierno busca así pasar a la ofensiva en un conflicto que combina denuncias sindicales por “despidos masivos” con acusaciones oficiales de acciones coercitivas por parte de los trabajadores. Entretanto, desde el ámbito gremial aún no hubo una respuesta formal a la acusación, en un escenario de creciente tensión en el sector público.