La negociación paritaria de la Administración Pública Nacional volvió a exhibir diferencias entre los principales sindicatos estatales. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dio el visto bueno a la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional para el trimestre junio-agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el acuerdo y advirtió sobre una profundización de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.

La oferta oficial contempla una recomposición salarial acumulada del 6,64% para el período, distribuida en tres tramos: un 2,4% desde junio, un 2,2% a partir de julio y un 1,9% desde agosto. Además, incluye el pago de un bono remunerativo extraordinario de $50.000 por única vez.

Desde UPCN consideraron aceptable la propuesta y rubricaron el acuerdo en el marco de la mesa de negociación con el Ejecutivo. Sin embargo, ATE manifestó su desacuerdo y sostuvo que los porcentajes ofrecidos resultan insuficientes frente a la evolución de los precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la oferta oficial y aseguró que no contempla una recuperación real de los ingresos perdidos por los trabajadores estatales durante los últimos años. Según el dirigente, el incremento pactado queda por debajo de las proyecciones inflacionarias para el mismo período y consolida el deterioro salarial del sector.

Desde el gremio también remarcaron que los salarios de la administración pública acumulan una importante pérdida frente a la inflación desde diciembre de 2023, situación que, aseguran, impacta directamente sobre las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado.

En ese contexto, ATE volvió a reclamar la apertura de una discusión salarial que permita recomponer los ingresos y sostuvo que el salario mínimo del sector debería superar los $2.200.000 para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de una familia trabajadora.

Tras rechazar la propuesta gubernamental, la organización sindical anticipó que convocará a asambleas en organismos públicos de todo el país para analizar los pasos a seguir y definir posibles medidas de fuerza en reclamo de una mejora salarial más significativa.

De esta manera, mientras el Gobierno logró cerrar un acuerdo con el sindicato mayoritario, el conflicto permanece abierto con ATE, que ya anticipa un escenario de creciente tensión y reclamos dentro de la administración pública nacional.