Después de siete años de espera, finalmente se realizaron las tres jornadas del juicio oral que culminaron con un fallo contundente: Marcelo Javier García fue absuelto de una denuncia falsa presentada en su contra en 2018.

La causa, iniciada hace más de un lustro, significó para García —militante y ex presidente del Concejo Deliberante del partido bonaerense de Moreno— un largo período de hostigamiento, desgaste personal y político, enmarcado en una clara maniobra de persecución.

Pero lo más grave se reveló en el transcurso del juicio: la denunciante, que promovió la falsa acusación, habría estado siendo financiada por sectores de la política local, percibiendo un sueldo del Estado junto a integrantes de su familia, sin presentarse a trabajar. Estos datos, que surgieron en el propio proceso judicial, exponen un entramado de posibles cargos “fantasma” utilizados como forma de protección e incentivo para sostener una causa sin fundamentos.

El caso de García abre un debate urgente sobre el uso de las instituciones judiciales como herramientas de persecución política, la manipulación de recursos públicos y la complicidad de determinados sectores del poder.

“La Justicia me dio la razón, pero nadie me va a devolver estos años de hostigamiento ni el daño que intentaron hacerme. Lo que viví fue un castigo sin condena, sostenido por intereses que nada tienen que ver con la verdad ni con la democracia”, expresó García luego de conocerse el fallo absolutorio.

A siete años del inicio de esta pesadilla judicial, la pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes sostuvieron políticamente esta denuncia? ¿Y cuántos otros casos similares permanecen invisibilizados en los pasillos de la justicia y la política?