El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una consulta pública para avanzar en la creación de una Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una nueva herramienta destinada a fijar un parámetro claro y uniforme para que los tribunales determinen los intereses aplicables en casos de mora. La iniciativa surge en un contexto marcado por un fuerte incremento en los niveles de endeudamiento impago de familias y empresas.

Cómo se calcularía la nueva TIM

El proyecto propone que la TIM se determine a partir del promedio de dos tasas de referencia:

• Tasa pasiva: la de plazos fijos en pesos a 30 días.

• Tasa activa: el promedio ponderado entre los préstamos personales y los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma.

El BCRA sostiene que este esquema busca “asegurar la razonabilidad y la preservación del valor de las deudas”, evitando que los intereses moratorios queden desfasados respecto del movimiento real de precios y del costo del dinero.

Bandas de fluctuación atadas al CER

Para dar mayor previsibilidad, la autoridad monetaria plantea que la tasa promedio diaria utilizada para calcular la TIM deberá mantenerse dentro de dos bandas preestablecidas:

• Tasa mínima: no podrá ser inferior a la variación diaria del CER menos 3% efectivo anual.

• Tasa máxima: no podrá exceder la variación diaria del CER más 3% efectivo anual.

Este anclaje al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) apunta a evitar saltos bruscos y a garantizar que las tasas moratorias sigan de cerca la evolución inflacionaria.

Un proyecto en tiempos de mora récord

La propuesta se produce en un momento sensible para el sistema financiero. Según datos del propio Banco Central, entre junio de 2024 y julio de 2025, el monto real adeudado por personas humanas con bancos y financieras se duplicó, mientras que los niveles de incumplimiento alcanzan máximos no vistos desde 2010:

• Morosidad en tarjetas de crédito: 7,4%

• Morosidad en préstamos personales: 9,1%

El aumento sostenido de la mora presiona a las entidades y expone la fragilidad de hogares y empresas, elementos que explican la búsqueda de nuevos criterios regulatorios como la TIM.