El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó finalmente un nuevo plan de retiros voluntarios que podría implicar la salida de hasta 1.500 trabajadores sobre una planta actual de 5.800 empleados. La medida habilita al Gobierno de Javier Milei a avanzar con una reducción cercana al 26% del personal del organismo.

La decisión fue adoptada en la última reunión del cuerpo directivo, luego de meses de tensiones internas y presiones desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El esquema elegido busca incentivar la desvinculación de técnicos, investigadores y personal permanente mediante un régimen indemnizatorio mejorado.

El plan alcanza al personal de planta permanente con al menos tres años de antigüedad y menos de 65 años al 31 de marzo de 2026. La convocatoria se abrirá por un plazo de 30 días corridos desde el 1° de abril, con posibilidad de prórroga por única vez durante 15 días adicionales.

En cuanto al cálculo de la compensación, se estableció una indemnización equivalente a 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Para quienes tengan hasta 60 años no habrá tope. Entre los 61 y 63 años inclusive, el límite máximo será de 24 sueldos brutos, mientras que para quienes tengan 64 años al 31 de marzo de 2026 el tope se reducirá a 12 haberes.

El pago se realizará en una única cuota y quienes adhieran al retiro no podrán reingresar al Sector Público Nacional bajo ninguna modalidad durante un plazo de cinco años.

Este es el segundo intento de reducción de personal mediante retiros voluntarios. A fines de 2024, el organismo lanzó una primera convocatoria que tuvo escasa adhesión —algo más de 300 trabajadores—, cifra considerada insuficiente por las autoridades. La falta de resultados derivó en nuevas negociaciones y en la reformulación del esquema aprobado ahora.

Desde sectores gremiales y técnicos advierten que la salida de personal especializado podría afectar áreas estratégicas vinculadas a investigación, extensión rural y desarrollo tecnológico agropecuario. En el oficialismo, en cambio, sostienen que la medida forma parte del proceso de reorganización del Estado y de reducción del gasto público impulsado por la administración nacional.

Con esta resolución, el INTA entra en una nueva etapa de ajuste estructural que abre interrogantes sobre su capacidad operativa y su rol dentro del sistema científico-tecnológico argentino.