Durante años, alcanzar el millón de pesos mensuales fue considerado un objetivo reservado para los salarios más altos. Sin embargo, la aceleración inflacionaria y la pérdida sostenida del poder adquisitivo transformaron esa cifra en una referencia cada vez más modesta dentro de la economía argentina. Hoy, incluso quienes logran superar ese ingreso enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos de una familia.

Un reciente informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que apenas el 37% de los trabajadores asalariados del país percibe ingresos superiores al millón de pesos por mes. El dato refleja con crudeza el deterioro salarial acumulado durante los últimos años y expone las profundas diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral.

El estudio, elaborado a partir de estadísticas oficiales del INDEC, muestra que la situación varía significativamente según el nivel de formalidad del empleo. Entre los asalariados registrados, el 54% supera el millón de pesos mensuales, mientras que entre los trabajadores informales esa proporción cae al 14%.

La brecha cobra aún mayor relevancia si se considera el crecimiento de la informalidad laboral. Hacia fines de 2025, cuatro de cada diez trabajadores se desempeñaban sin registración, una tendencia que preocupa tanto a especialistas como a organizaciones sindicales por su impacto sobre salarios, cobertura social y condiciones de trabajo.

Por el contrario, entre quienes se desempeñan en empresas formales bajo relación de dependencia, el porcentaje de trabajadores que supera el millón de pesos alcanza el 84%, evidenciando la importancia que continúa teniendo el empleo registrado como herramienta de protección de ingresos.

Tucumán, un ejemplo de la crisis salarial

La problemática quedó reflejada esta semana en Tucumán, donde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio y Garages (SOESYGA) inició protestas para reclamar la reapertura de las negociaciones paritarias. Según denunció el secretario general del gremio, Marcelo Medina, las cámaras empresarias llevan seis meses sin convocar a discutir aumentos salariales.

El dirigente detalló que los trabajadores de garajes perciben salarios cercanos a los 791.000 pesos mensuales, mientras que los empleados de estaciones de servicio rondan los 1.250.000 pesos. Aun así, advirtió que ninguno de esos ingresos alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo, estimada actualmente en alrededor de 1.450.000 pesos.

La situación refleja una paradoja cada vez más extendida en el mercado laboral argentino: tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza.

Trabajar no alcanza para cubrir una canasta básica

Uno de los datos más contundentes del informe del IIGG señala que el 71,1% de los ocupados percibe ingresos laborales inferiores al valor de la Canasta Básica Total necesaria para sostener un hogar integrado por dos adultos y dos niños.

En otras palabras, más de siete de cada diez trabajadores no generan, a través de su empleo, recursos suficientes para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados indispensables para no ser pobres.

El documento sostiene que la pérdida de capacidad de compra no afecta únicamente a los sectores históricamente vulnerables, sino que se extiende progresivamente hacia franjas cada vez más amplias de trabajadores formales y clases medias.

La teoría del "derrame" bajo cuestionamiento

Bajo el título "Derrame invertido: la cascada regresiva", el informe cuestiona una de las ideas económicas más asociadas a los modelos de libre mercado: la teoría según la cual el crecimiento de los sectores de mayores ingresos termina beneficiando al resto de la sociedad.

Los investigadores sostienen que la evidencia observada en los últimos años muestra un fenómeno inverso. Según el análisis, no es la riqueza la que se distribuye hacia abajo, sino el deterioro económico.

De acuerdo con esta mirada, cada estrato social absorbe parte de las dificultades que ya no pueden contener los sectores superiores y las transmite hacia los niveles más bajos, generando una cadena de precarización creciente. El resultado es una estructura social donde la pérdida de ingresos, la incertidumbre laboral y el empobrecimiento avanzan de manera escalonada sobre amplios sectores de la población.

En ese contexto, alcanzar un salario de un millón de pesos dejó de representar una meta de bienestar económico para convertirse, simplemente, en un umbral que millones de trabajadores todavía intentan alcanzar sin garantía alguna de escapar de la pobreza.