El Gobierno nacional dispuso el retiro de la autorización para funcionar de cerca de 2.000 cooperativas y mutuales en todo el país por incumplimientos en la presentación de documentación contable e institucional. La decisión fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y quedó oficializada a través de las resoluciones 564/2026 y 565/2026 publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Según informó el organismo, la sanción alcanza a las entidades incluidas en un listado anexo luego de verificar que no presentaron documentación asamblearia ni estados contables exigidos por la Ley de Cooperativas 20.337 durante un período que se extiende entre febrero de 2017 y septiembre de 2024.

El proceso se originó a partir de un sumario administrativo iniciado en 2024, que involucró a cooperativas que ya se encontraban suspendidas por irregularidades formales. De acuerdo con el INAES, pese a las notificaciones realizadas por el organismo, muchas de estas entidades no regularizaron su situación ni presentaron la documentación requerida.

Frente a ese escenario, el instituto resolvió aplicar la sanción prevista en el artículo 101 inciso 3 de la ley, que establece el retiro de la autorización para operar cuando las organizaciones incumplen con las obligaciones legales vinculadas a su funcionamiento.

Además, el organismo dispuso comunicar la decisión a distintos entes de control, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a autoridades locales correspondientes, para que tomen intervención en cada caso.

No obstante, el INAES informó que siete cooperativas fueron exceptuadas de la sanción luego de presentar la documentación exigida durante el proceso y regularizar su situación. En tanto, tres entidades continuarán bajo evaluación en otros procedimientos sumariales, mientras que el caso de una cooperativa fue archivado por haber sido sancionada previamente en otra resolución.

Desde el organismo señalaron que las entidades afectadas podrán presentar recursos administrativos o recurrir a la vía judicial si consideran que la medida es improcedente, con el objetivo de revertir la decisión.