La administración nacional analiza avanzar con una nueva etapa de reducción de personal en organismos públicos. El objetivo anual podría alcanzar una poda del 10% de la planta total.

En un contexto de tensión política y dificultades económicas, el Gobierno nacional evalúa profundizar el ajuste en el sector público con una nueva tanda de despidos que, según distintas fuentes, podría alcanzar a unos 6.000 trabajadores en las próximas semanas.

La medida formaría parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto estatal que, a lo largo de 2026, apunta a recortar cerca del 10% de la dotación total de empleados de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado. En términos absolutos, el objetivo implicaría la eliminación de más de 27.000 puestos laborales.

Desde la Casa Rosada reconocen que el ajuste abarcará distintas áreas, aunque evitan precisar cuáles serán las más afectadas. No obstante, trascendió que el foco estaría puesto en organismos descentralizados, marcando un cambio respecto de etapas anteriores en las que los recortes se concentraron en la administración central.

De acuerdo con datos oficiales, el Sector Público Nacional contaba a comienzos de este año con más de 278.000 empleados. En ese marco, la reducción proyectada implicaría un impacto significativo sobre la estructura estatal.

Entre los organismos que podrían verse alcanzados por la medida aparecen entidades vinculadas a la ciencia, la producción, el control y la seguridad social, como el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, el ENARGAS, el ENRE y el ENACOM, entre otros.

El plan de ajuste es impulsado principalmente desde el área de Desregulación del Estado y se inscribe en la política del Gobierno de reducir el tamaño del sector público. A su vez, responde a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales en un escenario marcado por la caída de la recaudación y la desaceleración de la actividad económica.

En paralelo, el avance de estos recortes se da en medio de un clima político agitado, donde el oficialismo busca retomar la iniciativa en la agenda pública.

Mientras tanto, crece la preocupación en los distintos organismos y entre los trabajadores estatales, que advierten sobre el impacto de estas medidas tanto en el empleo como en el funcionamiento de áreas clave del Estado.