El gobierno de Javier Milei resolvió aplicar fuertes sanciones económicas contra dos de los principales gremios del transporte por haber adherido al paro general realizado el 19 de febrero, pese a que tenían conciliaciones obligatorias vigentes.

La medida alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato ferroviario La Fraternidad, organizaciones que participaron de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según trascendió de fuentes oficiales, las sanciones económicas serían de gran magnitud. En el caso de la UTA, la multa rondaría los 70 mil millones de pesos, mientras que para La Fraternidad la penalidad alcanzaría aproximadamente los 20 mil millones.

Desde el Ejecutivo señalaron que ambas organizaciones incumplieron las conciliaciones obligatorias que estaban vigentes en sus respectivos conflictos salariales al momento de la medida de fuerza. Por ese motivo, la administración nacional instruyó a la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a avanzar con las sanciones.

En el Gobierno explicaron que la decisión busca sentar un precedente frente a eventuales incumplimientos de las instancias de conciliación laboral. Incluso, en una primera evaluación se analizó aplicar una medida más severa: retirar la personería gremial a las organizaciones sindicales involucradas.

Finalmente, la administración optó por aplicar multas económicas como primera sanción, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas más duras si los sindicatos desconocen o se niegan a pagar las penalidades.

Todo indica que las organizaciones gremiales recurrirán a la Justicia para impugnar las sanciones, lo que podría abrir un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y el movimiento sindical.