El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, dispuso el despido de unos 5.000 trabajadores del programa “Veredas Limpias” y la eliminación de 88 convenios laborales en barrios populares. La medida, formalizada a través del Decreto 140/26, generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto en el empleo y en las condiciones de vida de sectores vulnerables.

El programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, tenía como objetivo garantizar tareas de limpieza urbana en zonas donde no llega el servicio formal. Según denunciaron referentes territoriales, más del 70% de las personas afectadas son mujeres jefas de hogar, muchas de ellas principal sostén económico de sus familias.

Desde la organización Barrios de Pie, uno de los espacios que articulaba el programa, señalaron que se trata de “un recorte que afecta no solo el empleo, sino también políticas de inclusión y capacitación laboral”. Su referente, Walter Córdoba, sostuvo que la decisión “desmantela una política con más de 15 años de presencia en la Ciudad” y advirtió que también impacta en personas que atravesaban tratamientos de salud mental vinculados a estos espacios de trabajo.

El conflicto se da en paralelo con la eliminación del programa “Volver al Trabajo” por parte del gobierno nacional de Javier Milei, lo que para las organizaciones evidencia una “coordinación” en la reducción de políticas de empleo. En ese sentido, cuestionaron un supuesto alineamiento político entre la gestión porteña y la Casa Rosada en materia social.

La decisión ya tuvo repercusión en la Legislatura de la Ciudad, donde distintos bloques comenzaron a recibir a cooperativas y trabajadores afectados. Además, las organizaciones impulsan acciones públicas, como radios abiertas y asambleas, para visibilizar la situación y exigir la revisión de la medida.

Otro de los puntos de conflicto es el futuro de estos programas. Desde los movimientos sociales alertan que el Gobierno busca reemplazar esquemas de trabajo cooperativo por mecanismos de asistencia más acotados, como subsidios o vouchers, lo que —según plantean— implicaría un retroceso en términos de inclusión laboral.

Mientras tanto, el impacto ya se siente en los barrios: menos ingresos para miles de familias y la incertidumbre sobre la continuidad de tareas esenciales como la limpieza en sectores donde el Estado no llega de manera regular.