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Miércoles 29 de Abril de 2026

El Gobierno exige a las universidades un “plan de contingencia” en medio del conflicto por el financiamiento

Política gremial Miércoles 29 de Abril de 2026
El Gobierno exige a las universidades un “plan de contingencia” en medio del conflicto por el financiamiento

En plena escalada del conflicto universitario, el Gobierno nacional solicitó a las casas de estudio un “plan de contingencia” para garantizar el dictado de clases frente a las medidas de fuerza impulsadas por docentes y no docentes. El pedido fue formalizado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a través de un comunicado que también apuntó contra rectores y gremios.

La postura oficial generó nuevas tensiones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas, en un contexto marcado por reclamos por la falta de actualización presupuestaria y la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Además del comunicado, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una circular en la que intimó a las autoridades académicas a garantizar el normal funcionamiento de las clases, bajo apercibimiento de revisar los fondos destinados al sostenimiento de las actividades pedagógicas.

El trasfondo del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, que establece la actualización de partidas para salarios, funcionamiento y becas. Desde el sistema universitario sostienen que el Ejecutivo no está cumpliendo con esa normativa, lo que derivó en reclamos judiciales y en una medida cautelar que ordenó la transferencia de fondos, actualmente apelada por el Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, el conflicto se trasladó también al plano gremial. Sindicatos docentes y no docentes profundizaron las medidas de fuerza, con paros que afectan el normal desarrollo del ciclo lectivo. Desde el Ejecutivo, en tanto, responsabilizan a estas acciones por la interrupción de la actividad académica y reclaman mecanismos para recuperar los días perdidos.

 

El escenario combina así disputas judiciales, tensiones políticas y protestas en las universidades, en medio de un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema público de educación superior y su sostenibilidad en el actual contexto económico.

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