En medio de un conflicto creciente entre el Gobierno y los sindicatos, una nueva medida de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) encendió las alarmas en el universo gremial. Se trata de la Resolución 951, publicada esta semana, que endurece los plazos y sanciones para las obras sociales y prepagas que no den respuesta inmediata a los reclamos de sus afiliados.

La normativa obliga a las prestadoras a responder requerimientos en un plazo máximo de cinco días corridos. En caso de no hacerlo, o de ofrecer una contestación insuficiente o evasiva, se presume incumplimiento y se da verosimilitud automática a los hechos denunciados por el afiliado. Además, toda denuncia deberá resolverse en no más de 30 días hábiles, un plazo considerablemente más corto que los dos años que, en la práctica, podían demorar los trámites.

Desde el Ejecutivo explican que se busca “más transparencia y eficiencia” en la atención al usuario. Sin embargo, desde el movimiento sindical interpretan esta decisión como parte de una política sistemática de asfixia contra las obras sociales, a las que acusan de tener los recursos congelados, mientras las prepagas aumentan por encima de la inflación y los salarios no logran recuperar terreno.

“El sistema está al límite. Nos exigen más con menos: salarios estancados, sin aumento de aportes, y ahora nos imponen responder en tiempos imposibles”, señalaron desde la dirigencia gremial. Ejemplifican con la Obra Social de Empleados de Comercio, que atiende a más de un millón de afiliados. “Si recibís decenas o cientos de denuncias diarias, muchas de ellas complejas, no es realista responder todas en cinco días”, afirmaron.

La medida también incluye un nuevo esquema de sanciones económicas: multas que van desde 5 hasta 100 módulos, equivalentes al haber mínimo jubilatorio, actualmente de $304.723. Esto implica sanciones que podrían superar los 30 millones de pesos para cada incumplimiento grave. Además, se publicará un “ranking de cumplimiento” para que los usuarios conozcan el desempeño de cada prestadora.

El impacto económico sobre las obras sociales no es menor. Además de las posibles sanciones, las prestadoras se verán obligadas a contratar personal adicional para cumplir con los plazos impuestos, en un contexto presupuestario restrictivo y con el canal de diálogo con el Gobierno prácticamente cortado.

La resolución fue firmada por Gabriel Oriolo poco antes de su renuncia como titular de la SSS. Su reemplazo, Claudio Stilveman, asume en medio de fuertes tensiones y cuestionamientos, mientras desde los gremios esperan una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, para discutir el alcance de esta y otras medidas que consideran perjudiciales para la sostenibilidad del sistema solidario de salud.