La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó un fuerte rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional en el régimen de residencias médicas, que transforma el vínculo laboral de los profesionales en formación en un sistema de becas. La medida, dispuesta a través de la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, fue calificada por el gremio como “un fraude laboral sin precedentes en el Sector Público”.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la decisión al sostener que “el Estado busca evadir sus obligaciones como empleador y precarizar aún más al personal sanitario bajo la fachada de una beca”. Según advirtió, esta nueva figura contractual permitiría al Gobierno pagar salarios más bajos, evitar el pago de aguinaldo, vacaciones y horas extra, y eludir aportes a la seguridad social.

“El objetivo es disfrazar una relación laboral real para instalar un modelo de explotación brutal. Se está vulnerando no solo la legislación laboral vigente, sino también derechos constitucionales básicos como la estabilidad en el empleo público y la libertad sindical”, denunció Aguiar.

La resolución crea dos categorías de becas: la “Beca Institución”, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud; y la “Beca Ministerio”, que sí incluye descuentos previsionales, pero excluye cualquier tipo de bonificación adicional. Para ATE, ambas configuraciones representan un retroceso sustancial en las condiciones laborales del personal médico en formación.

Desde el sindicato no descartan avanzar con medidas gremiales y judiciales. “Además de la protesta y la movilización, estamos evaluando una presentación en los tribunales para frenar este nuevo avasallamiento”, aseguró Aguiar.

La preocupación del gremio se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, tras una serie de decretos y resoluciones que ATE considera inconstitucionales. En ese sentido, recordaron que recientemente obtuvieron fallos judiciales favorables contra el Decreto 340/25 —que intentaba limitar el derecho a huelga— y contra el DNU 430/25, que pretendía eliminar el Día del Trabajador del Estado.

“Pese a las reformas regresivas impulsadas por la Ley Bases y las facultades delegadas, la estabilidad laboral en el Estado sigue siendo un derecho que vamos a defender con todas las herramientas disponibles”, concluyó el dirigente.