Una nueva ola de despidos sacude al Ministerio de Seguridad del Chaco. A pocos días del cierre del año, la cartera provincial notificó el cese de contratos de alrededor de 400 trabajadoras y trabajadores civiles, muchos de ellos con años de antigüedad, lo que generó un fuerte malestar y derivó en la convocatoria a una concentración frente a la Casa de Gobierno para exigir explicaciones y reclamar estabilidad laboral.

Las notificaciones comenzaron a llegar el lunes 29 de diciembre y establecen que las desvinculaciones se harán efectivas al finalizar el año. Entre las personas afectadas se encuentran empleados y empleadas con más de ocho años de servicio que se encontraban a la espera del pase a planta permanente, tras haber rendido los exámenes y cumplido los requisitos administrativos correspondientes.

Según información difundida por el medio local EsChaco, los despidos alcanzan a personal civil que cumplía funciones en áreas sensibles del sistema de seguridad provincial. Entre los sectores impactados figuran el Servicio Penitenciario, la Policía del Chaco, Seguridad Vial y los Foros de Seguridad, espacios considerados estratégicos para la prevención del delito y el funcionamiento cotidiano de las fuerzas.

Desde el colectivo de trabajadores advirtieron que la pérdida de un número tan elevado de personal capacitado podría afectar seriamente la prestación de servicios esenciales para la comunidad. Señalaron, además, que la medida se da en un contexto de escasez de recursos, planteles reducidos y creciente sobrecarga laboral, lo que profundiza la preocupación por el impacto en la seguridad pública.

El conflicto no es un hecho aislado. Distintos sectores recuerdan que, al inicio de la gestión del gobernador Leandro Zdero (UCR) en 2024, ya se habían producido despidos en la administración provincial. En ese marco, cuestionan la contradicción entre el discurso oficial sobre una provincia “pujante” y las políticas de ajuste que, sostienen, incrementan la precariedad laboral y la incertidumbre en un escenario económico adverso.

Ante la falta de respuestas oficiales, los trabajadores cesanteados convocaron a una concentración para el martes 30 de diciembre frente a la Casa de Gobierno. El objetivo de la protesta es visibilizar el reclamo, exigir una instancia de diálogo con las autoridades y alertar sobre las consecuencias sociales y operativas de una decisión que amenaza tanto el empleo estatal como el funcionamiento del sistema de seguridad en la provincia.