La conducción del Sindicato de Feriantes volvió a poner el foco en la situación crítica que atraviesan los trabajadores del popular complejo de ferias La Salada. Mariana Berbeglia, secretaria general del gremio, denunció públicamente obstáculos para registrar a los vendedores, presiones para evitar la afiliación sindical y condiciones laborales que calificó de “inadmisibles”.

Según Berbeglia, la organización gremial enfrenta serias dificultades para avanzar con la formalización de los feriantes, ya que —según explicó— los responsables actuales del predio impiden el ingreso del sindicato y desalientan la sindicalización con prácticas coercitivas. “Los trabajadores nos llaman pidiendo ayuda, pero muchas veces tenemos que atenderlos fuera del predio porque no nos dejan entrar”, declaró en diálogo con Radio El Grito del Sur.

La dirigente también criticó el incumplimiento de una resolución judicial que, desde hace tiempo, estableció la intervención de las tres ferias que componen el complejo, removiendo a sus antiguos administradores. Sin embargo, Berbeglia cuestionó que esas medidas no se estarían cumpliendo en la práctica: “Pareciera que nunca se fueron, o que siguen teniendo control desde las sombras”, advirtió.

Además, Berbeglia apuntó contra el deterioro de las condiciones de trabajo en La Salada. Denunció que los feriantes deben pagar por el uso de sanitarios, soportar filtraciones durante días de lluvia y enfrentar expensas elevadas sin ver mejoras en la infraestructura. “El derecho parece estar prohibido dentro de La Salada”, afirmó con dureza.

Ante este panorama, el sindicato anunció que presentará una demanda judicial con el objetivo de garantizar la libre afiliación y los derechos básicos de los trabajadores del lugar. “Nosotros no buscamos otra cosa que incluirlos en el sistema, con monotributo y cobertura. Queremos que trabajen tranquilos, que no tengan que esconderse para organizarse”, sostuvo Berbeglia.

La dirigente también desmintió que la formalización genere aumentos de precios en los productos que se venden en la feria. En cambio, responsabilizó a quienes imponen subas desmedidas en los alquileres de los puestos: “Cuando te cobran tres millones por un espacio de dos metros, eso es lo que encarece. Y la gente ya no lo tolera”.

El llamado a las autoridades fue directo y sin eufemismos. “Esto no puede seguir así. Si no intervienen el intendente, el gobernador y el presidente, esto puede terminar muy mal. Hay riesgo de un estallido social”, advirtió Berbeglia.

La situación de La Salada, una de las ferias más emblemáticas del país, reabre el debate sobre la falta de políticas públicas para integrar al trabajo informal a millones de argentinos y argentinas que dependen de estas actividades para sobrevivir.