Córdoba se convirtió en la primera provincia del país en implementar, desde el ámbito público, un seguro multirriesgo agrícola de gran escala destinado a proteger a los productores frente a eventos climáticos extremos. La experiencia piloto, que alcanza a más de 500.000 hectáreas de soja y maíz, representa un cambio estructural en la gestión del riesgo agropecuario y abre el camino a una propuesta replicable en otras provincias agrícolas de la Argentina.

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y empresas del sector asegurador nucleadas en la Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA), entidad que desde hace años impulsa esquemas de cooperación público-privada para ampliar el alcance y la profundidad de las coberturas en el agro. Tras múltiples instancias de diálogo con gobiernos provinciales y aseguradoras líderes, el proyecto logró materializarse en una escala inédita para el mercado local.

Un seguro innovador frente a riesgos climáticos extremos

El nuevo seguro multirriesgo implementado en Córdoba cubre daños directos provocados por granizo, viento y heladas, pero incorpora además protección frente a sequía e inundación, dos riesgos de carácter sistémico que, hasta ahora, no contaban con soluciones comerciales en el país. La cobertura se activa cuando el rendimiento del productor por cultivo cae por debajo de un umbral establecido según la zona, garantizando un piso que permite afrontar al menos los costos básicos de producción.

“El volumen de esta experiencia es inédito. A pocos días del lanzamiento ya había más de 700 productores inscriptos”, destacó Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda. El especialista recordó que existen antecedentes de seguros multirriesgo en provincias como Mendoza, Corrientes y Chaco, aunque en superficies mucho más acotadas. “En Chaco hablamos de unas 60.000 hectáreas; Córdoba supera las 500.000, lo que marca una diferencia sustancial”, explicó.

Uno de los factores clave para la rápida implementación fue el programa de Buenas Prácticas Agrícolas que Córdoba sostiene desde hace más de una década. Según Marcelo Girardi, director de MGA Group, esa política permitió contar con información histórica confiable para analizar riesgos y definir tarifas. “Las aseguradoras no solo tuvieron datos productivos, sino también un relevamiento previo sobre gestión del riesgo como práctica agrícola”, señaló.

Además, el acuerdo prevé que la cobertura sea 100% gratuita durante el primer año para los productores adheridos. Girardi subrayó que se trata de un reconocimiento a quienes ya venían aplicando prácticas sustentables y responsables en el manejo del suelo. “No es un productor que se suma solo por el seguro: hay un historial, datos sólidos y eso es fundamental para que el sistema funcione”, afirmó.

El rol del Estado frente a los riesgos sistémicos

Actualmente, cerca del 50% del área sembrada del país cuenta con algún tipo de seguro, pero la mayoría se limita a daños puntuales y no contempla eventos catastróficos de gran alcance. Juan Manuel Carrizo, jefe de Suscripción de Riesgos Agropecuarios de San Cristóbal Seguros, remarcó que “el mercado hoy cubre granizo, heladas o viento, pero no sequía ni inundación, que son justamente los riesgos que más impactan en la producción y en la recaudación provincial”.

En la misma línea, Comas explicó que estos eventos no pueden ser absorbidos únicamente por el sector privado. “Los riesgos sistémicos implican tasas muy superiores a las de un seguro tradicional. Sin un Estado presente, el seguro sería económicamente inviable para el productor”, sostuvo.

Una herramienta estratégica para la estabilidad productiva

Desde la mirada empresarial, el seguro multirriesgo no solo protege al productor individual, sino que cumple un rol clave en la estabilidad del sistema económico. “Es una herramienta de estabilización del negocio: permite recuperar al menos lo invertido y evita que se rompa la cadena de pagos”, señaló Gustavo Mina, gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros. Ese efecto, agregó, se traslada al conjunto de la economía provincial, reduciendo el impacto fiscal y social de las emergencias climáticas.

El consenso entre los actores del sector es que el modelo cordobés es viable y escalable. Para avanzar en su replicabilidad, Girardi remarcó un requisito central: contar con información oficial, de calidad y trazable, que garantice transparencia y confianza en el sistema. Con ese respaldo y con el trabajo de articulación que promueve ADIRA como cámara federal del sector asegurador, el esquema podría adaptarse a otras provincias e incluso proyectarse a nivel nacional.

En un contexto de cambio climático que intensifica la frecuencia y magnitud de los eventos extremos, el impulso a seguros agropecuarios con respaldo público aparece como una herramienta estratégica. No solo protege al productor, sino que resguarda la continuidad de una cadena productiva clave para las economías regionales, el empleo y el desarrollo del país.