Un informe del SIPA advierte sobre un impacto profundo en el empleo, el comercio y las economías regionales tras el retiro de la petrolera estatal de yacimientos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el retiro de YPF de 55 áreas petroleras de la Patagonia encendió las alarmas en la región. Un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que, como consecuencia de esa medida, en los últimos dos años se perdieron más de 18.000 puestos de trabajo registrados, dando lugar a una crisis productiva que se extiende más allá del sector energético y golpea de lleno a las economías locales.

Según el relevamiento oficial, la salida de la petrolera estatal de áreas consideradas “maduras” en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego desató un efecto dominó que impactó en toda la cadena de valor. “La decisión unilateral de YPF de abandonar estos yacimientos no sólo afecta a los pozos, sino que termina golpeando a los centros urbanos y al entramado económico regional”, señalaron desde el SIPA.

El impacto en el mercado laboral es contundente: más de 10.000 empleos registrados se perdieron en Santa Cruz y otros 8.000 en Chubut. La caída no se limita a la actividad petrolera, sino que se extiende a sectores como la construcción y el comercio, históricamente vinculados al dinamismo de la industria hidrocarburífera.

Para el diputado provincial Gustavo Fita, titular de la CGT “Saúl Ubaldini” y del Partido Justicialista de Chubut, la situación representa “un golpe al corazón de la Patagonia y al bolsillo de los trabajadores”. “Cuando el petróleo se frena, se frena la vida en nuestras ciudades”, afirmó al analizar el escenario que atraviesan las localidades petroleras.

El derrumbe de la actividad también se refleja en el comercio. La Cámara de Comercio local informó que entre 2024 y 2025 cerraron alrededor de 750 locales en las principales ciudades de la cuenca, una cifra que grafica la magnitud de la crisis tras la salida “planificada” de YPF de la región.

Desde la Cámara de Empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge advirtieron que la transición hacia operadoras intermedias implicó la pérdida de contratos para unas 40 pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales se encuentran al borde del cierre. “Se rompió el vínculo con la cadena de valor regional y no hay previsibilidad para sostener el empleo”, alertaron.

Fita cuestionó además la falta de definiciones sobre el rol de las nuevas operadoras. “Llegan empresas de las que no conocemos ni un plan de inversión ni un compromiso concreto con el empleo local”, señaló, y calificó el proceso como “un desguace de la soberanía productiva”.

La crisis energética también tiene un fuerte impacto fiscal. La producción en la Cuenca del Golfo San Jorge cayó cerca de un 20%, lo que provocó una merma significativa en la recaudación por regalías petroleras. Un informe del Centro de Estudios Fundar, titulado Comodoro Rivadavia y el fin de un ciclo, indicó que durante el primer semestre de 2025 las regalías representaron el 17,4% de los ingresos totales de Chubut y el 13,8% en Santa Cruz.

En términos reales, la pérdida del valor de esos ingresos asciende al 19% en Chubut y al 30% en Santa Cruz, un bache financiero que, según Fundar, compromete la capacidad de las provincias para sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad. A este escenario se suma el riesgo de nuevas caídas en la recaudación, debido a los esquemas de incentivos fiscales que reducen impuestos a cambio de inversiones.

Desde sus redes sociales, Fita cuestionó el silencio político frente a la crisis. “Lo más preocupante no es sólo la situación que atravesamos, sino la falta de respuesta del Gobierno provincial y de muchos legisladores”, sostuvo, y reclamó al Ejecutivo que encabeza Ignacio “Nacho” Torres que exija a las nuevas operadoras prioridad para la contratación de mano de obra y servicios locales.

“No vamos a permitir que la variable de ajuste sigan siendo los trabajadores y el futuro de la Patagonia”, concluyó el dirigente, al advertir que el movimiento obrero permanecerá en estado de alerta para defender el empleo y el entramado productivo regional.